México
Pide fiscal especial protocolos de seguridad para periodistas
El alejamiento entre periodistas y autoridades se debe en gran medida por la falta de comunicación
MÉRIDA, YUCATÁN (06/NOV/2010).- El fiscal especial para los delitos contra periodistas, Gustavo Salas Chávez, planteó la necesidad de establecer protocolos de seguridad que eviten la muerte de periodistas en el ejercicio de su tarea.
Tras participar como panelista en los trabajos de la 66 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el funcionario señaló que 'necesitamos apoyar al medio, mediante protocolos de seguridad y a partir de ellos, lograr que los periodistas puedan interactuar en situaciones de riesgo como las que enfrentan cotidianamente'.
Sobre la reciente muerte de un reportero en el fuego cruzado entre integrantes del crimen organizado y militares en Tamaulipas, dijo que esos riesgos 'se agudizan en algunas regiones del país', sobre todo en el norte.
Los protocolos, dijo, permitirán 'que juntos podamos desarrollar mecanismo que generen confianza. tanto en la autoridad como en el periodista, y podamos hablar el mismo idioma en el campo, cuando hay situaciones de riesgo y de una gran atención a fin de evitar las circunstancias tan lamentable que se han presentado'.
Agregó que es indispensable tomar como base la guía que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las cual se deben sumar propuesta gremiales, como las de la agrupación Artículo 19, 'base para construir protocolos de seguridad bajo las circunstancias propias del país'.
Asimismo, en la mesa panel 'Protección, libertad y seguridad', Salas Chávez aseguró que 'México ha decidido enfrentar de manera firme y decidida al delito y la impunidad'.
Este, abundó, es un fenómeno que se manifiesta en su forma más acabada en el narcotráfico, lo cual ha provocado de manera colateral una incremento de la violencia criminal en general en todo el país.
Anotó que la presente administración federal, 'a diferencia del pasado decidió hacer frente con toda la fuerza del estado, tanto a la delincuencia organizada como la criminalidad en general, en particular a los zares del narcotráfico, decisión valiente por dimensionar con las enormes implicaciones que tiene para la vida nacional'.
En el mismo panel, el periodista Roberto Rock, ex vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, lamentó que el crimen organizado busque además del control de plazas, definir la agenda informativa del país, lo que ha costado muchas vidas.
Admitió la existencia de una mayor sensibilidad de las instituciones en la atención de ese tema.
Dijo que la lucha contra la delincuencia y crimen organizado no es una tarea exclusiva del gobierno federal sino del Estado, y pidió una participación más activa del Poder Legislativo para crear condiciones y generar presupuestos en la luchas contra este flagelo social.
Por su parte, la titular de la Unidad de Respuesta Rápida contra Agresiones a Periodistas de la SIP en México, María Idalia Gómez, solicitó a las autoridades mexicanas una mayor incorporación del gremio en la toma de decisiones en torno a su salvaguarda y resolución de los casos pendientes de agresiones.
Consideró que el alejamiento entre periodistas y autoridades se debe en gran medida por la falta de comunicación entre unos y otros, y se pronunció por un cambio de estrategia que permita a los comunicadores evitar que las agendas social, política y económica las quiera definir el narcotráfico.
Tras participar como panelista en los trabajos de la 66 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el funcionario señaló que 'necesitamos apoyar al medio, mediante protocolos de seguridad y a partir de ellos, lograr que los periodistas puedan interactuar en situaciones de riesgo como las que enfrentan cotidianamente'.
Sobre la reciente muerte de un reportero en el fuego cruzado entre integrantes del crimen organizado y militares en Tamaulipas, dijo que esos riesgos 'se agudizan en algunas regiones del país', sobre todo en el norte.
Los protocolos, dijo, permitirán 'que juntos podamos desarrollar mecanismo que generen confianza. tanto en la autoridad como en el periodista, y podamos hablar el mismo idioma en el campo, cuando hay situaciones de riesgo y de una gran atención a fin de evitar las circunstancias tan lamentable que se han presentado'.
Agregó que es indispensable tomar como base la guía que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las cual se deben sumar propuesta gremiales, como las de la agrupación Artículo 19, 'base para construir protocolos de seguridad bajo las circunstancias propias del país'.
Asimismo, en la mesa panel 'Protección, libertad y seguridad', Salas Chávez aseguró que 'México ha decidido enfrentar de manera firme y decidida al delito y la impunidad'.
Este, abundó, es un fenómeno que se manifiesta en su forma más acabada en el narcotráfico, lo cual ha provocado de manera colateral una incremento de la violencia criminal en general en todo el país.
Anotó que la presente administración federal, 'a diferencia del pasado decidió hacer frente con toda la fuerza del estado, tanto a la delincuencia organizada como la criminalidad en general, en particular a los zares del narcotráfico, decisión valiente por dimensionar con las enormes implicaciones que tiene para la vida nacional'.
En el mismo panel, el periodista Roberto Rock, ex vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, lamentó que el crimen organizado busque además del control de plazas, definir la agenda informativa del país, lo que ha costado muchas vidas.
Admitió la existencia de una mayor sensibilidad de las instituciones en la atención de ese tema.
Dijo que la lucha contra la delincuencia y crimen organizado no es una tarea exclusiva del gobierno federal sino del Estado, y pidió una participación más activa del Poder Legislativo para crear condiciones y generar presupuestos en la luchas contra este flagelo social.
Por su parte, la titular de la Unidad de Respuesta Rápida contra Agresiones a Periodistas de la SIP en México, María Idalia Gómez, solicitó a las autoridades mexicanas una mayor incorporación del gremio en la toma de decisiones en torno a su salvaguarda y resolución de los casos pendientes de agresiones.
Consideró que el alejamiento entre periodistas y autoridades se debe en gran medida por la falta de comunicación entre unos y otros, y se pronunció por un cambio de estrategia que permita a los comunicadores evitar que las agendas social, política y económica las quiera definir el narcotráfico.