México
Piden padres intervención de SCJN en caso de guardería
Julio César Márquez comentó que se debió haber arraigado a todos los probables responsables
HERMOSILLO, SONORA.- Padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC, ocurrido el pasado 5 de junio, solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (
SCJN) en las investigaciones del caso.
Explicaron que emprendieron las primeras acciones legales, porque no ven que se haga justicia a 25 días de registrados los hechos.
Una comisión representativa acudió este martes a la sede de la SCJN, para pedirle su participación en las indagaciones sobre el siniestro, que dejó un saldo de 48 menores muertos.
A nombre de los padres, Julio César Márquez expuso que en los 25 días transcurridos desde el incendio, han esperado que las autoridades estatales y federales que investigan el caso cumplan con su deber de procurar justicia pronta, completa e imparcial.
"Pero en estos 25 días, sólo hemos presenciado los esfuerzos que han hecho una y otra procuraduría, y unos y otros niveles de gobierno, por culparse mutuamente y proteger a sus respectivos intereses, funcionarios y allegados", externó.
Consideró que el tiempo transcurrido ha sido más que suficiente para que los tres niveles de gobierno, los propietarios de la guardería y, específicamente, las procuradurías estatal y general hubieran emprendido diversas acciones.
Comentó que se debió haber arraigado a todos los probables responsables, entre ellos a los propietarios, así como a funcionarios del IMSS y de Protección Civil, para evitar que evadieran la acción de la justicia o buscaran el amparo.
Asimismo, acotó que se debió haber ordenado el aseguramiento de bienes de todas las personas directa o indirectamente responsables, para garantizar el pago de la reparación de los daños materiales y morales.
Refirió que también, para facilitar las indagatorias, se tuvo que haber separado de sus cargos de manera provisional a funcionarios del IMSS, al secretario de Hacienda estatal y a sus subalternos directos.
Además, a los responsables de los actos relacionados con la bodega habilitada como guardería en la que resultaron afectados los pequeños, así como a los titulares nivel estatal y municipal de Protección Civil y sus subalternos vinculados con los hechos.
Sobre todo, externó, se debió haber consignado y puesto a disposición de un juez a todas las personas responsables directas e indirectas de estos crímenes.
Márquez pidió a nombre de los padres afectados que, apelando al elevado sentido de los valores humanos que caracteriza al máximo órgano impartidor de justicia, que uno o más de los ministros hagan suyo el contenido de este escrito.
Asimismo, que proponga al Tribunal Pleno ejercer la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que nombre alguno de sus miembros para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
Explicaron que emprendieron las primeras acciones legales, porque no ven que se haga justicia a 25 días de registrados los hechos.
Una comisión representativa acudió este martes a la sede de la SCJN, para pedirle su participación en las indagaciones sobre el siniestro, que dejó un saldo de 48 menores muertos.
A nombre de los padres, Julio César Márquez expuso que en los 25 días transcurridos desde el incendio, han esperado que las autoridades estatales y federales que investigan el caso cumplan con su deber de procurar justicia pronta, completa e imparcial.
"Pero en estos 25 días, sólo hemos presenciado los esfuerzos que han hecho una y otra procuraduría, y unos y otros niveles de gobierno, por culparse mutuamente y proteger a sus respectivos intereses, funcionarios y allegados", externó.
Consideró que el tiempo transcurrido ha sido más que suficiente para que los tres niveles de gobierno, los propietarios de la guardería y, específicamente, las procuradurías estatal y general hubieran emprendido diversas acciones.
Comentó que se debió haber arraigado a todos los probables responsables, entre ellos a los propietarios, así como a funcionarios del IMSS y de Protección Civil, para evitar que evadieran la acción de la justicia o buscaran el amparo.
Asimismo, acotó que se debió haber ordenado el aseguramiento de bienes de todas las personas directa o indirectamente responsables, para garantizar el pago de la reparación de los daños materiales y morales.
Refirió que también, para facilitar las indagatorias, se tuvo que haber separado de sus cargos de manera provisional a funcionarios del IMSS, al secretario de Hacienda estatal y a sus subalternos directos.
Además, a los responsables de los actos relacionados con la bodega habilitada como guardería en la que resultaron afectados los pequeños, así como a los titulares nivel estatal y municipal de Protección Civil y sus subalternos vinculados con los hechos.
Sobre todo, externó, se debió haber consignado y puesto a disposición de un juez a todas las personas responsables directas e indirectas de estos crímenes.
Márquez pidió a nombre de los padres afectados que, apelando al elevado sentido de los valores humanos que caracteriza al máximo órgano impartidor de justicia, que uno o más de los ministros hagan suyo el contenido de este escrito.
Asimismo, que proponga al Tribunal Pleno ejercer la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que nombre alguno de sus miembros para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.