México
Proponen ampliar plazo para certificación policial
La iniciativa contempla extender de 10 a 12 meses las evaluaciones para que las entidades cumplan con su obligación
CIUDAD DE MÉXICO (11/ENE/2013).- El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) determinó proponer una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública para dar un año más de plazo para la certificación y acreditación de los cuerpos policiacos de México.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó en el Diario Oficial de la Federación los 12 acuerdos del CNSP de diciembre pasado, entre los que destacan dicha propuesta.
De hecho, el Congreso de la Unión ya aprobó en ese mes una ampliación de 10 meses a la fecha límite de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que originalmente estaba planteada para el 3 de enero pasado.
La iniciativa de reforma será turnada a la Cámara de Diputados para su discusión en la Comisión de Seguridad, y será hasta su aprobación y promulgación, cuando empiece la cuenta de los 365 días adicionales propuestos como “plazo improrrogable”.
De acuerdo con cifras oficiales hasta el 31 de octubre de 2012 se reportaron 293 mil 632 elementos evaluados de un universo de 420 mil 349 agentes de las diversas policías del país.
En el detalle de los compromisos se estableció que se elaborará un Programa Nacional de Capacitación con calidad de sus instructores, pertinencia de sus contenidos y el desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial. “Habrá de crearse un Consejo Académico como instancia rectora y se instalarán cinco academias regionales para la capacitación especializada”.
Para combatir el secuestro, (Acuerdo número 10) los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estarán obligados a cumplir al 100% con la conformación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, así como la capacitación y certificación de sus integrantes, en un plazo no mayor a un año.
En este caso, la Policía Federal creará Unidades Especializadas para la atención coordinada de este delito.
ANÁLISIS
Una arma de doble filo
Jorge Tejada, académico del Iteso
La creación de las coordinaciones regionales en materia de seguridad es benéfica para la coordinación de las autoridades en materia de políticas públicas, fluidez de la información y transparencia, pero también una navaja de doble filo, una división afortunada cuyas debilidades permiten acuerdos perversos debido a la corrupción.
Jorge Tejada Montaño, profesor de derecho procesal penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y miembro directivo de la Barra Mexicana de Abogados, indica que la regionalización debe entenderse en sentido contrario a la reforma en seguridad, que dicta la homologación de políticas públicas: “Es una respuesta al manejo público de Felipe Calderón. Las tareas operativas ya estaban distinguidas por regiones; ahora se le da un trato más formal, con lo que la información fluirá con mayor rapidez y la sociedad puede informarse sobre lo que se hace en una zona en específico”.
El experto en seguridad explica que la regionalización es un arma de dos filos debido a la corrupción y las alianzas regionales que pudieran surgir al aplicarla. “La flor negra de esta buena idea es que esta división que ayuda al combate es la misma que ayuda a vencer a un enemigo. Además, los generales de cada región podrían alinearse según intereses políticos”.
Agrega que de este modo el poder del narco se simplifica para tomar el mando de una región, y así los cárteles pueden disputar una zona sin tener que generar acuerdos en otras regiones. “La misma precisión que nos dan las regiones, es la vulnerabilidad con que se dejan los mandos de esas regiones por el poder de la corrupción”.
Aunque ello podría ser evitado con los exámenes de control de confianza y la certificación de los cuerpos policíacos, ésta es una estrategia que puede calificarse como “el gran fracaso de la reforma y modernización”.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó en el Diario Oficial de la Federación los 12 acuerdos del CNSP de diciembre pasado, entre los que destacan dicha propuesta.
De hecho, el Congreso de la Unión ya aprobó en ese mes una ampliación de 10 meses a la fecha límite de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que originalmente estaba planteada para el 3 de enero pasado.
La iniciativa de reforma será turnada a la Cámara de Diputados para su discusión en la Comisión de Seguridad, y será hasta su aprobación y promulgación, cuando empiece la cuenta de los 365 días adicionales propuestos como “plazo improrrogable”.
De acuerdo con cifras oficiales hasta el 31 de octubre de 2012 se reportaron 293 mil 632 elementos evaluados de un universo de 420 mil 349 agentes de las diversas policías del país.
En el detalle de los compromisos se estableció que se elaborará un Programa Nacional de Capacitación con calidad de sus instructores, pertinencia de sus contenidos y el desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial. “Habrá de crearse un Consejo Académico como instancia rectora y se instalarán cinco academias regionales para la capacitación especializada”.
Para combatir el secuestro, (Acuerdo número 10) los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estarán obligados a cumplir al 100% con la conformación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, así como la capacitación y certificación de sus integrantes, en un plazo no mayor a un año.
En este caso, la Policía Federal creará Unidades Especializadas para la atención coordinada de este delito.
ANÁLISIS
Una arma de doble filo
Jorge Tejada, académico del Iteso
La creación de las coordinaciones regionales en materia de seguridad es benéfica para la coordinación de las autoridades en materia de políticas públicas, fluidez de la información y transparencia, pero también una navaja de doble filo, una división afortunada cuyas debilidades permiten acuerdos perversos debido a la corrupción.
Jorge Tejada Montaño, profesor de derecho procesal penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y miembro directivo de la Barra Mexicana de Abogados, indica que la regionalización debe entenderse en sentido contrario a la reforma en seguridad, que dicta la homologación de políticas públicas: “Es una respuesta al manejo público de Felipe Calderón. Las tareas operativas ya estaban distinguidas por regiones; ahora se le da un trato más formal, con lo que la información fluirá con mayor rapidez y la sociedad puede informarse sobre lo que se hace en una zona en específico”.
El experto en seguridad explica que la regionalización es un arma de dos filos debido a la corrupción y las alianzas regionales que pudieran surgir al aplicarla. “La flor negra de esta buena idea es que esta división que ayuda al combate es la misma que ayuda a vencer a un enemigo. Además, los generales de cada región podrían alinearse según intereses políticos”.
Agrega que de este modo el poder del narco se simplifica para tomar el mando de una región, y así los cárteles pueden disputar una zona sin tener que generar acuerdos en otras regiones. “La misma precisión que nos dan las regiones, es la vulnerabilidad con que se dejan los mandos de esas regiones por el poder de la corrupción”.
Aunque ello podría ser evitado con los exámenes de control de confianza y la certificación de los cuerpos policíacos, ésta es una estrategia que puede calificarse como “el gran fracaso de la reforma y modernización”.