México
Se debe fijar fecha de retiro del Ejército de las calles: AI
En su informe, calcula que 150 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares de forma forzosa por la violencia
CIUDAD DE MÉXICO (23/MAY/2013).- El gobierno de México debe fijar una fecha para la retirada del despliegue militar lanzado por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) contra los cárteles narcotraficantes, al que se acusa de generar una ola de abusos a los derechos humanos, reclamó este jueves Amnistía Internacional (AI).
"Es necesario que México ponga una fecha ya a la salida del Ejército de las calles. Tenemos que saber cuándo y cómo se va proceder a esta salida", afirmó el director de la organización civil en México, Daniel Zapico, durante una conferencia con motivo del informe mundial 2013 de Amnistía, presentado en Londres.
Entre otras graves cifras de violaciones a los derechos humanos en México, el informe de Amnistía calcula que 150 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares de forma forzosa por la "violencia asociada a las drogas" y desplazarse a otras zonas del país por su seguridad durante el mandato de Calderón.
Enrique Peña Nieto, quien asumió la presidencia en diciembre, ha expresado su intención de cambiar la estrategia de combate frontal a los cárteles aplicada por Calderón.
Entre las prioridades de Peña Nieto están un mayor énfasis en los trabajos de prevención del delito y la creación de un cuerpo de gendarmería, aunque también aclaró que mantendrá a los militares en el terreno hasta que disminuya la violencia.
En ese sentido, Zapico puso en duda que el envío de miles de militares y policías ordenado esta semana por Peña Nieto para "devolver la paz" al convulso estado de Michoacán (oeste) ofrezca mejores resultados que los que obtuvo su antecesor.
"Es difícil esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que antes", subrayó Zapico al considerar que la presencia del Ejército "no es sostenible".
Michoacán, una región asolada por los abusos de los narcotraficantes y con comunidades rurales alzadas en armas contra ellos, fue el primer estado donde Calderón desplegó al ejército a finales de 2006.
El reporte de Amnistía sostiene que el Ejército, la Marina armada y la Policía fueron responsables entre 2006 y 2012 de "violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas".
No obstante, Zapico afirmó que las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza e incluso de ejecuciones extrajudiciales siguen produciéndose actualmente en el país.
El nuevo enfoque de Peña Nieto es un "cambio positivo" pero no suficiente para resolver el problema de violencia, manifestó el activista, que pidió "acciones concretas" para acabar con la impunidad.
El gobierno avanzó que la nueva gendarmería estará lista en septiembre con un primer contingente de 10 mil elementos -todos ellos militares- que se ampliará hasta 40 mil en los próximos seis años.
"Es necesario que México ponga una fecha ya a la salida del Ejército de las calles. Tenemos que saber cuándo y cómo se va proceder a esta salida", afirmó el director de la organización civil en México, Daniel Zapico, durante una conferencia con motivo del informe mundial 2013 de Amnistía, presentado en Londres.
Entre otras graves cifras de violaciones a los derechos humanos en México, el informe de Amnistía calcula que 150 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares de forma forzosa por la "violencia asociada a las drogas" y desplazarse a otras zonas del país por su seguridad durante el mandato de Calderón.
Enrique Peña Nieto, quien asumió la presidencia en diciembre, ha expresado su intención de cambiar la estrategia de combate frontal a los cárteles aplicada por Calderón.
Entre las prioridades de Peña Nieto están un mayor énfasis en los trabajos de prevención del delito y la creación de un cuerpo de gendarmería, aunque también aclaró que mantendrá a los militares en el terreno hasta que disminuya la violencia.
En ese sentido, Zapico puso en duda que el envío de miles de militares y policías ordenado esta semana por Peña Nieto para "devolver la paz" al convulso estado de Michoacán (oeste) ofrezca mejores resultados que los que obtuvo su antecesor.
"Es difícil esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que antes", subrayó Zapico al considerar que la presencia del Ejército "no es sostenible".
Michoacán, una región asolada por los abusos de los narcotraficantes y con comunidades rurales alzadas en armas contra ellos, fue el primer estado donde Calderón desplegó al ejército a finales de 2006.
El reporte de Amnistía sostiene que el Ejército, la Marina armada y la Policía fueron responsables entre 2006 y 2012 de "violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas".
No obstante, Zapico afirmó que las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza e incluso de ejecuciones extrajudiciales siguen produciéndose actualmente en el país.
El nuevo enfoque de Peña Nieto es un "cambio positivo" pero no suficiente para resolver el problema de violencia, manifestó el activista, que pidió "acciones concretas" para acabar con la impunidad.
El gobierno avanzó que la nueva gendarmería estará lista en septiembre con un primer contingente de 10 mil elementos -todos ellos militares- que se ampliará hasta 40 mil en los próximos seis años.