México
Sólo militares integrarán la unidad de acercamiento civil
El Gobierno analiza el informe de la CNDH que culpa a soldados de la muerte de dos menores en Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO (22/JUN/2010).- La Secretaría de la Defensa Nacional divulgó el acuerdo por el que se crea la Unidad de Vinculación Ciudadana en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, a fin de generar un acercamiento para la solución de conflictos entre estas instituciones y la sociedad, en un momento en que es fuertemente cuestionado por su actuar en la guerra contra el narco y el respeto a los derechos humanos.
En su anuncio de ayer, la Sedena señala que la nueva unidad estará integrada por militares, aunque podrá invitar a participar a civiles “con conocimiento y experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana”.
Integrar civiles, añadió, “constituirá una señal favorable a la población civil y la comunidad internacional, de que el Estado mexicano está generando los acercamientos necesarios para la debida atención de la ciudadanía, ante los conflictos que traen aparejada la presencia militar en las calles”.
En algunos momentos en los últimos años se han presentado protestas en las que gente pide la salida del Ejército del combate al narcotráfico, aunque el Gobierno ha advertido que muchas de ellas fueron promovidas por el mismo crimen organizado para manchar la reputación de las Fuerzas Armadas.
Jorge Chabat, experto en narcotráfico y seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se mostró cauto ante los resultados que pueda tener la unidad, aunque consideró que refleja una “preocupación por las críticas que se han hecho al Ejército en los últimos años en el tema de los derechos humanos, tanto de dentro como fuera de México’’.
“En principio, es una buena noticia, que habrá más comunicación (con la sociedad), pero no estoy muy seguro que por sí sólo vaya a ser una gran diferencia”, dijo Chabat, para quien se deberían establecer, además, protocolos y controles más rigurosos sobre el uso de la fuerza en el combate al narco.
Dijo que si bien podría discutirse si algunas de las acusaciones de violación de derechos humanos por militares eran evitables o no, lo cierto es que “hay casos perfectamente demostrados”.
En marzo, el procurador de Justicia Militar, general José Luis Chávez, dijo que algunos efectivos cometen errores graves y delitos, pero rechazó que se trate de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Detalles
El acuerdo, que entrará en vigor el 22 de junio, señala que la Unidad de Vinculación desarrollará metodologías para establecer y mantener una adecuada y efectiva comunicación para la solución de conflictos ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles.
La unidad estará a cargo de un general, que dependerá del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y se integrará en su totalidad por militares; sin embargo, podrán participar civiles con conocimiento y experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana.
TELÓN DE FONDO
La dependencia con más recomendaciones
Hace tres años y medio, cuando el Presidente Felipe Calderón decidió echar mano del Ejército para hacerle frente al narcotráfico, tal vez no pensó que las quejas en contra de la institución se dispararían.
El Ejército es la institución que más recomendaciones tiene por presuntas violaciones a los derechos humanos, según cifras de la propia CNDH.
En lo que va del sexenio, la CNDH ha formulado 54 recomendaciones a la Sedena: seis en 2007; 13 en 2008; 29 en 2009 y en lo que va del año seis más.
La última fue girada apenas el pasado 16 de junio, a raíz de la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, en Tamaulipas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a los soldados de la muerte de los menores de cinco y nueve años ocurrida el 3 de abril, así como de alterar la escena para hacer creer que fallecieron en medio de un enfrentamiento con sicarios del narcotráfico.
Tras el informe de la Comisión, Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron al Gobierno a que promueva la investigación con jueces civiles, y no militares, de cualquier abuso que cometan los soldados contra ciudadanos.
El Gobierno calificó el informe de la CNDH como “descontextualizado” porque sólo contaron con la versión de los padres y no con la versión oficial, que fue presentada por el procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez, el “Día del Niño”.
Incluso, el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, se reunió en marzo con diputados para cabildear una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que otorgara un marco legal a las actividades del Ejército en las calles. Los cambios a la norma se aprobaron en abril pasado en ambas cámaras.
En su anuncio de ayer, la Sedena señala que la nueva unidad estará integrada por militares, aunque podrá invitar a participar a civiles “con conocimiento y experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana”.
Integrar civiles, añadió, “constituirá una señal favorable a la población civil y la comunidad internacional, de que el Estado mexicano está generando los acercamientos necesarios para la debida atención de la ciudadanía, ante los conflictos que traen aparejada la presencia militar en las calles”.
En algunos momentos en los últimos años se han presentado protestas en las que gente pide la salida del Ejército del combate al narcotráfico, aunque el Gobierno ha advertido que muchas de ellas fueron promovidas por el mismo crimen organizado para manchar la reputación de las Fuerzas Armadas.
Jorge Chabat, experto en narcotráfico y seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se mostró cauto ante los resultados que pueda tener la unidad, aunque consideró que refleja una “preocupación por las críticas que se han hecho al Ejército en los últimos años en el tema de los derechos humanos, tanto de dentro como fuera de México’’.
“En principio, es una buena noticia, que habrá más comunicación (con la sociedad), pero no estoy muy seguro que por sí sólo vaya a ser una gran diferencia”, dijo Chabat, para quien se deberían establecer, además, protocolos y controles más rigurosos sobre el uso de la fuerza en el combate al narco.
Dijo que si bien podría discutirse si algunas de las acusaciones de violación de derechos humanos por militares eran evitables o no, lo cierto es que “hay casos perfectamente demostrados”.
En marzo, el procurador de Justicia Militar, general José Luis Chávez, dijo que algunos efectivos cometen errores graves y delitos, pero rechazó que se trate de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Detalles
El acuerdo, que entrará en vigor el 22 de junio, señala que la Unidad de Vinculación desarrollará metodologías para establecer y mantener una adecuada y efectiva comunicación para la solución de conflictos ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles.
La unidad estará a cargo de un general, que dependerá del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y se integrará en su totalidad por militares; sin embargo, podrán participar civiles con conocimiento y experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana.
TELÓN DE FONDO
La dependencia con más recomendaciones
Hace tres años y medio, cuando el Presidente Felipe Calderón decidió echar mano del Ejército para hacerle frente al narcotráfico, tal vez no pensó que las quejas en contra de la institución se dispararían.
El Ejército es la institución que más recomendaciones tiene por presuntas violaciones a los derechos humanos, según cifras de la propia CNDH.
En lo que va del sexenio, la CNDH ha formulado 54 recomendaciones a la Sedena: seis en 2007; 13 en 2008; 29 en 2009 y en lo que va del año seis más.
La última fue girada apenas el pasado 16 de junio, a raíz de la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, en Tamaulipas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a los soldados de la muerte de los menores de cinco y nueve años ocurrida el 3 de abril, así como de alterar la escena para hacer creer que fallecieron en medio de un enfrentamiento con sicarios del narcotráfico.
Tras el informe de la Comisión, Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron al Gobierno a que promueva la investigación con jueces civiles, y no militares, de cualquier abuso que cometan los soldados contra ciudadanos.
El Gobierno calificó el informe de la CNDH como “descontextualizado” porque sólo contaron con la versión de los padres y no con la versión oficial, que fue presentada por el procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez, el “Día del Niño”.
Incluso, el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, se reunió en marzo con diputados para cabildear una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que otorgara un marco legal a las actividades del Ejército en las calles. Los cambios a la norma se aprobaron en abril pasado en ambas cámaras.