La actuación del Poder Legislativo del Estado en los tiempos recientes ha estado sometida a fuertes discusiones, que van desde la capacidad que tienen los diputados que ejercen como representantes populares, hasta el buen uso de las facultades que les confiere la Constitución Política de Jalisco.
Ha habido etapas en las que hemos sabido de la actuación de los legisladores más por los escándalos que han suscitado sus altos salarios, sus gastos, sus viajes, su proclividad a emitir puntos de acuerdo intrascendentes, su tendencia a ocultar el manejo de los recursos presupuestales, y hasta por las ocurrencias como instalar baños de lujo o adquirir uniformes para empleados que no los usan. También se han convertido en protagonistas de primer orden cuando han protagonizado confrontaciones con los representantes de los otros poderes, por discrepancias en el diseño o elaboración de ciertos ordenamientos legales.
Pero últimamente los integrantes de la actual Legislatura se han colocado en la mira pública porque hay sectores que ven con preocupación la descarada injerencia de los partidos (representados en el Congreso a través de sus bancadas) en la nueva conformación de instituciones que debieran caracterizarse por contar con expertos en su respectiva materia, o bien por los mejores hombres y mujeres que puedan darles una auténtica representatividad ciudadana.
En la selección de consejeros, de comisionados, de auditores, de magistrados, los grupos parlamentarios han actuado como brazos operadores de los partidos para asignarse, por cuotas, posiciones que ven como simples empleos bien remunerados y no como lugares en los que deben desempeñarse las personas mejor calificadas, porque en el actuar de esas instituciones va de por medio la buena marcha del Estado en su conjunto. Esto, sin demérito de que a ciertos cargos hayan llegado profesionales bien calificados que, sin embargo, toman un lugar marcados por la mano interesada de los partidos.
La discusión que se ha intensificado sobre la necesidad de reformar el marco legal que le dio vida al Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), ha llevado a últimas fechas a polarizar las posiciones sobre lo que debe hacerse con este organismo que debe representar los intereses de la sociedad en su conjunto para normar criterios y hacer recomendaciones que ayuden a mejorar las condiciones de competitividad en que se desenvuelve nuestro Estado, y con ello empujar para que se eleve la calidad de vida de los jaliscienses.
Hay indicios de que a los diputados jaliscienses no les gusta ser observados, mucho menos señalados, sobre sus posibles fallas; ni siquiera recibir recomendaciones sobre cosas que pueden mejorar su actuación, o enriquecer su tarea de legislar. Y de la molestia se desprende la acción “correctiva”, que lleva a los legisladores a cambiar lo que no satisface sus gustos… o sus intereses.
Más valdría que los representantes populares que constituyen el Congreso del Estado muestren un poco de receptividad, y no cedan a la tentación de querer convertirse en un poder omnímodo. Eso no corresponde a un régimen republicano y democrático.
Ha habido etapas en las que hemos sabido de la actuación de los legisladores más por los escándalos que han suscitado sus altos salarios, sus gastos, sus viajes, su proclividad a emitir puntos de acuerdo intrascendentes, su tendencia a ocultar el manejo de los recursos presupuestales, y hasta por las ocurrencias como instalar baños de lujo o adquirir uniformes para empleados que no los usan. También se han convertido en protagonistas de primer orden cuando han protagonizado confrontaciones con los representantes de los otros poderes, por discrepancias en el diseño o elaboración de ciertos ordenamientos legales.
Pero últimamente los integrantes de la actual Legislatura se han colocado en la mira pública porque hay sectores que ven con preocupación la descarada injerencia de los partidos (representados en el Congreso a través de sus bancadas) en la nueva conformación de instituciones que debieran caracterizarse por contar con expertos en su respectiva materia, o bien por los mejores hombres y mujeres que puedan darles una auténtica representatividad ciudadana.
En la selección de consejeros, de comisionados, de auditores, de magistrados, los grupos parlamentarios han actuado como brazos operadores de los partidos para asignarse, por cuotas, posiciones que ven como simples empleos bien remunerados y no como lugares en los que deben desempeñarse las personas mejor calificadas, porque en el actuar de esas instituciones va de por medio la buena marcha del Estado en su conjunto. Esto, sin demérito de que a ciertos cargos hayan llegado profesionales bien calificados que, sin embargo, toman un lugar marcados por la mano interesada de los partidos.
La discusión que se ha intensificado sobre la necesidad de reformar el marco legal que le dio vida al Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), ha llevado a últimas fechas a polarizar las posiciones sobre lo que debe hacerse con este organismo que debe representar los intereses de la sociedad en su conjunto para normar criterios y hacer recomendaciones que ayuden a mejorar las condiciones de competitividad en que se desenvuelve nuestro Estado, y con ello empujar para que se eleve la calidad de vida de los jaliscienses.
Hay indicios de que a los diputados jaliscienses no les gusta ser observados, mucho menos señalados, sobre sus posibles fallas; ni siquiera recibir recomendaciones sobre cosas que pueden mejorar su actuación, o enriquecer su tarea de legislar. Y de la molestia se desprende la acción “correctiva”, que lleva a los legisladores a cambiar lo que no satisface sus gustos… o sus intereses.
Más valdría que los representantes populares que constituyen el Congreso del Estado muestren un poco de receptividad, y no cedan a la tentación de querer convertirse en un poder omnímodo. Eso no corresponde a un régimen republicano y democrático.