Han pasado tres días de que fue firmado el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, al que llegaron los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y las manifestaciones de apoyo al mismo no se han hecho esperar; el Presidente de la República, los gobernadores de los 31 estados del país más el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como el Poder Judicial y representantes sociales que signaron el acuerdo, coincidieron en la urgencia de “refrendar el compromiso de responder al reclamo de los ciudadanos de obtener seguridad integral”, y en ese tenor han sido las reacciones.
El hecho de que la clase política actual, que se caracteriza por una fuerte división en ideologías e intereses de partido, se haya unificado para lograr este acuerdo, es un logro mayor, y ahora más que nunca es importante para el país que las instituciones se consoliden para que puedan hacer realidad ese compromiso conjunto adquirido, teniendo como meta darle a la sociedad la tranquilidad de poder desenvolverse en un ambiente de paz y seguridad. Importante que por un momento hayan dejado de lado sus diferencias para plantearse el trabajar juntos en algo que es de su responsabilidad, como la seguridad y la procuración de justicia.
Hacía falta que la clase política reaccionara así, porque se había tardado en hacerlo, mientras la ola de violencia fue creciendo hasta alcanzar el nivel en que ahora se encuentra y que tanto preocupa a la sociedad mexicana. Para nadie resulta desconocido que esta reacción se dio a raíz del secuestro y muerte del hijo de un reconocido empresario que, dicho sea de paso, en su intervención en la reunión del jueves habló claro y fuerte para demandar los cambios que se requieren y exigir el cumplimiento de responsabilidades.
Por ello, tal vez, los puntos medulares del acuerdo firmado están encaminados a endurecer el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada y, sobre todo, el delito de secuestro que tanto daña a la víctima, a sus familiares y a la sociedad en general. Ello está muy bien, y ojalá los resultados se empiecen a ver en los plazos fijados en el mismo acuerdo, cuya evaluación será vigilada con especial énfasis por la ciudadanía.
Sin embargo, las autoridades no deben limitarse a fijar una estrategia contra la delincuencia organizada, las actividades del narcotráfico o el secuestro. La inseguridad que se vive en el país también se ve reflejada en otro tipo de delitos: asaltos, robo a casa habitación, narcomenudeo, pandillerismo, robo de autos, vandalismo... La lista es muy grande, y todo esto también forma parte de la preocupación que tiene la sociedad al ver violados sus derechos a disfrutar de un clima de seguridad en la calle, en el hogar, en la escuela, en sitios públicos. El Acuerdo Nacional por la Seguridad también debe contemplar esta situación, porque también forma parte del reclamo ciudadano.
El hecho de que la clase política actual, que se caracteriza por una fuerte división en ideologías e intereses de partido, se haya unificado para lograr este acuerdo, es un logro mayor, y ahora más que nunca es importante para el país que las instituciones se consoliden para que puedan hacer realidad ese compromiso conjunto adquirido, teniendo como meta darle a la sociedad la tranquilidad de poder desenvolverse en un ambiente de paz y seguridad. Importante que por un momento hayan dejado de lado sus diferencias para plantearse el trabajar juntos en algo que es de su responsabilidad, como la seguridad y la procuración de justicia.
Hacía falta que la clase política reaccionara así, porque se había tardado en hacerlo, mientras la ola de violencia fue creciendo hasta alcanzar el nivel en que ahora se encuentra y que tanto preocupa a la sociedad mexicana. Para nadie resulta desconocido que esta reacción se dio a raíz del secuestro y muerte del hijo de un reconocido empresario que, dicho sea de paso, en su intervención en la reunión del jueves habló claro y fuerte para demandar los cambios que se requieren y exigir el cumplimiento de responsabilidades.
Por ello, tal vez, los puntos medulares del acuerdo firmado están encaminados a endurecer el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada y, sobre todo, el delito de secuestro que tanto daña a la víctima, a sus familiares y a la sociedad en general. Ello está muy bien, y ojalá los resultados se empiecen a ver en los plazos fijados en el mismo acuerdo, cuya evaluación será vigilada con especial énfasis por la ciudadanía.
Sin embargo, las autoridades no deben limitarse a fijar una estrategia contra la delincuencia organizada, las actividades del narcotráfico o el secuestro. La inseguridad que se vive en el país también se ve reflejada en otro tipo de delitos: asaltos, robo a casa habitación, narcomenudeo, pandillerismo, robo de autos, vandalismo... La lista es muy grande, y todo esto también forma parte de la preocupación que tiene la sociedad al ver violados sus derechos a disfrutar de un clima de seguridad en la calle, en el hogar, en la escuela, en sitios públicos. El Acuerdo Nacional por la Seguridad también debe contemplar esta situación, porque también forma parte del reclamo ciudadano.