Fiscalía Anticorrupción: Muchas vinculaciones y exsecretarios detenidos, pero con pocas sentencias
La primera administración cerró con 559 carpetas presentadas, pero hay sólo 18 sentencias; hubo detención de “peces gordos” de la gestión de Aristóteles, pero ninguno en la administración alfarista
Aunque el primer fiscal Anticorrupción en la historia de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, generó gran expectativa al ser un perfil académico y alejado de los partidos políticos, su gestión al frente de la Fiscalía Especializada termina con pocos servidores públicos sentenciados por actos de corrupción, así como escasas con carpetas de investigación judicializadas: en ocho años apenas se logró obtener sentencias condenatorias contra 18 funcionarios, mientras que 559 carpetas fueron presentadas ante un juez.
En total, 432 servidores públicos fueron vinculados en los ocho años de existencia de la Fiscalía. De ellos, 45 han recibido prisión preventiva justificada y 15 más han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos. En entrevista, De la Cruz Tovar justificó que la gran mayoría de los casos se resuelven a través de suspensiones condicionales del proceso, que permite terminar de forma anticipada el proceso judicial. El último de los servidores públicos que recurrió a esta figura legal fue Felipe Gabino ‘N’, exmagistrado y presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, sentenciado por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia, y quien pagó 20 mil pesos al DIF de El Arenal para obtener la libertad.
Sin embargo, la Fiscalía sólo ha logrado la vinculación a proceso de siete funcionarios de primer nivel, todos pertenecientes al gabinete del exgobernador Aristóteles Sandoval. Se trata de dos ex secretarios de Salud (Agustín González Álvarez y Antonio Cruces Mada -aún en prisión-), el extitular de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, así como Salvador Rizo Castelo y David Trujillo. También fue señalado el exjefe de gabinete del mandatario priista, Alberto Lamas, y el extitular de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo. Francisco de Jesús Ayón, presidente del Consejo de Administración de Pensiones del Estado (Ipejal), es otro de los implicados. De la administración del exgobernador emecista no se ha investigado ni procesado a ningún servidor público de primer nivel, pues las acciones se han concentrado en policías y agentes viales.
Desde 2018 se han abierto 751 carpetas de investigación contra 983 policías viales y policías municipales, de los cuales se ha obtenido 203 vinculaciones a proceso. En cuando a policías estatales, en 124 investigaciones se señala a 177 elementos, pero sólo se obtuvo la vinculación de 42; de 407 carpetas con 564 policías municipales, únicamente 133 fueron vinculados, mientras que agentes viales, pese a que De la Cruz Tovar reconoció que son el primer contacto de la autoridad con la ciudadanía, y por ende los que más denuncias y quejas reciben, sólo 28 fueron vinculados a proceso. En total, la Fiscalía abrió siete mil 056 carpetas de investigación en ocho años.
Por último, tras cerca de un año de investigaciones, el fiscal especializado anunció que 12 servidores públicos de la Fiscalía del Estado fueron señalados por su presunta relación en los hechos registrados en el Rancho Izaguirre, pero, a la fecha, no ha iniciado el proceso judicial en su contra.
Jalisco, con menos corrupción: Inegi
Jalisco se encuentra entre los estados con menor índice de corrupción y percepción, según datos del Inegi. La entidad registra 13.9 investigaciones iniciadas por cada mil servidores públicos, por debajo de estados como México, Campeche o Nuevo León.
Durante 2025, la Fiscalía Anticorrupción abrió cerca de mil 087 carpetas de investigación, la cifra más alta desde su creación. Entre los casos destacados está el de Eli Castro en el SIAPA, investigada por cobrar 73 mil pesos sin contar con los conocimientos necesarios.
Hasta ahora, 46 personas han estado en prisión preventiva y 570 carpetas fueron enviadas a juzgados. En promedio, 6.3 servidores públicos por cada 10 mil han sido sancionados. A nivel nacional, México ocupa el puesto 140 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, con 26 puntos, el peor resultado en su historia.
CLAVES
Redes de corrupción quedan impunes
Detenciones. Los primeros ocho años de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, con Gerardo de la Cruz Tovar al frente, se caracterizaron por investigaciones y detenciones de servidores públicos mediáticos de la administración del exgobernador Aristóteles Sandoval.
Naranja. Con la llegada del primer gobernador de MC en 2018, se esperaba que la impunidad y los abusos de poder terminaran. El mandatario afirmó tener a varios servidores públicos “en la mira”.
Escándalo. El primer gran escándalo de la administración emecista fue el millonario programa “A toda máquina”, con recursos superiores a tres mil millones de pesos para arrendamiento de maquinaria a municipios rurales.
Vinculaciones. Desde entonces, ningún funcionario de alto nivel ha enfrentado cargos. La dependencia concentró esfuerzos en policías, alcaldes, jueces y magistrados. En ocho años se vincularon a proceso 17 directores generales, un exmagistrado, cinco jueces municipales y ocho exalcaldes, además de suspensiones y aprehensiones de otros funcionarios menores.
Reparación. La Fiscalía recuperó cerca de 30 millones de pesos por reparación de daños en procesos penales y extrajudiciales. Sin embargo, los altos funcionarios no han sido prioridad.
Expertos critican gestión y nueva administración
Tras el nombramiento de Eduardo Cipriano Manzanilla como nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco, Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO y expresidente del Consejo de participación social del Sistema Anticorrupción, advirtió que el principal riesgo es que continúe la política persecutoria de servidores públicos de medio y bajo perfil, sin atacar la corrupción sistemática.
Aunque se trata de un perfil cercano y administrativo, el nuevo fiscal deberá demostrar autonomía real en casos sensibles, como el SIAPA y la licitación de la Tarjeta Única Jalisco, dependencias con gran presupuesto estatal.
Lucía Almaraz, especialista en derecho y expresidenta del Consejo de participación social del Sistema Anticorrupción, señaló que la cercanía de Cipriano Manzanilla a la administración actual erosiona su independencia, esencial para la legitimidad de la Fiscalía. Para Almaraz, el reto del fiscal es marcar distancia política y garantizar autonomía.
GUÍA
Los cinco casos más polémicos
Antonio Cruces Mada
Titular de la Secretaría de Salud de 2012 a 2018 durante la administración de Aristóteles Sandoval, Antonio Cruces Mada actualmente cumple una sentencia de nueve años de prisión en el reclusorio de Puente Grande por el delito de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Además, fue inhabilitado por seis años para ejercer cargos públicos y pagar cerca de seis millones de pesos en reparación de daños.
Miguel Castro Reynoso
Secretario de Desarrollo e Integración Social de 2015 a 2017. El funcionario fue acusado de entregar recursos públicos de forma irregular a organizaciones civiles. Fue candidato por el PRI a la gubernatura de Jalisco en 2018 y aunque fue recluido en prisión y vinculado a proceso tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en 2024 fue exonerado de los cargos por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, junto a los también extitulares de la Secretaría, Salvador Rizo y David Trujillo Cuevas.
Francisco Ayón
Fue titular del Consejo de Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) de 2012 a 2015, además de que también se desempeñó como secretario de Educación. El ex funcionario público fue acusado presuntamente por los delitos de desvío de recursos públicos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Los hechos refieren a la presunta inversión fallida de 250 millones de pesos en bonos de deuda de la empresa española Abedonga. El exservidor público también piso prisión, pero gracias a recursos de amparo, se ordenó su no vinculación a proceso y hoy se encuentra en libertad y sin cargos.
Felipe Tito Lugo
Se desempeñó como titular de la Comisión Estatal del Agua de 2013 a 2018. Fue vinculado a proceso en 2022 tras ser imputado por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, que habría causado un daño al erario de 58 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción lo acusaba de la presunta contratación irregular de servicios de comunicación, de los cuales no existía evidencia de que hubieran sido utilizados. Aunque aún no se ha dictado una resolución definitiva sobre el caso, el exfuncionario enfrentó las acusaciones en arresto domiciliario.
Fidel Armando Ramírez
El funcionario encabezó el Ipejal de 2013 a 2018 y ha enfrentado varias vinculaciones a proceso. Una de ellas fue apenas el año pasado; se le acusa de presuntamente haber colocado recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro sin apegarse a políticas de inversión. Se le dictó resguardo domiciliario y sólo podrá salir de su vivienda por temas de salud. En 2019 también fue vinculado a proceso.