- Derecho al pataleo

Variaciones sobre el mismo tema: hace meses, algunos padres de familia promovieron acciones jurídicas para que se vacunara contra el covid-19 a sus hijos, menores de edad, considerando factores que hipotéticamente los hacían especialmente vulnerables, en momentos en que la atención de las autoridades se centraba en maestros y adultos mayores. Fueron atendidos... Ahora, cuando las autoridades han dispuesto la obligatoriedad de vacunas o pruebas negativas para acceder a bares, teatros, estadios u otros espacios en que puedan reunirse multitudes y multiplicarse los contagios, hay ciudadanos reacios que dicen defender su derecho a no querer ser vacunados.

¿Tienen razón...? ¿Tienen derecho...?

-II-

Nadie puede ostentarse como dueño absoluto de la verdad y la razón. Pero así como nadie puede imponer a los demás la obligación de vacunarse, tampoco puede coartar el derecho de no hacerlo a quienes así lo decidan. Sus razones, por erróneas, injustificadas y aun extravagantes que parezcan, son respetables en todos los casos. E incluso si la gran mayoría de la población acepta las resoluciones de la autoridad y las acata, los rebeldes están en todo su derecho de serlo.

Al colisionar los derechos fundamentales del individuo con las decisiones de la autoridad orientadas a velar por la salud pública, se supone que el interés colectivo debe prevalecer sobre los derechos de cada persona. La autoridad, al imponer la vigencia general de una resolución, o el juez, al dirimir una querella en particular, deben realizar un ejercicio de ponderación que no debe ser arbitrario ni especulativo, considerando, primero, si sus disposiciones contribuyen a alcanzar un fin legítimo (la salud colectiva en el caso); segundo, si no se encontró una alternativa mejor; y tercero, si es razonable suponer que el beneficio de las restricciones será mayor, a la postre, a los perjuicios que éstas pudieran ocasionar.

Si el bien común está por encima del bien particular, se infiere que las autoridades cumplen su función al procurar que la mayor parte de la población tenga acceso a las vacunas y aun al imponer sanciones indirectas -como la de restringirles el acceso a ciertos espacios- a quienes se resistan a aplicárselas.

-III-

En algunas ciudades de España, Italia y los Países Bajos se ha llegado a hacer uso de la fuerza pública para disolver manifestaciones de inconformes con las restricciones impuestas por las autoridades. Aquí, el ejercicio del derecho al pataleo de los díscolos no ha llegado tan lejos... por fortuna.

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