- Justicia y ley
La manifestación, ayer, de una veintena de “franeleros”, frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara, en protesta por los operativos de la autoridad para retirarlos de la vía pública -impidiéndoles el ejercicio de su “modus vivendi”-, remite, en mínima medida, casi simbólica si se quiere, al debate que generó, a nivel nacional, la declaración con que el Presidente López Obrador intentó apagar el incendio del “culiacanazo” de la semana pasada: que “la justicia está por encima de la ley”.
Rotunda, como corresponde a una frase confeccionada para los bronces, la aseveración obliga a considerar que la justicia es una abstracción; un ideal; un valor intangible. La ley es el precepto, el estatuto o la norma de conducta mediante los cuales la autoridad legítimamente constituida -valga el pleonasmo- pretende aplicar el concepto de justicia a cada caso concreto.
-II-
Los “franeleros” -afiliados a una asociación denominada Operadores de Limpieza y Trabajadores Independientes (OLTI)- participantes en la manifestación referida, aducen que los automovilistas pueden aceptar sus servicios o rechazarlos; que lavar los automóviles implica una tarifa -algo lógico-, y “echarles un ojo”, una aportación voluntaria.
La escasez de espacios para estacionar vehículos en la vía pública, por una parte, y la necesidad de quienes no encuentran o no desean tener un trabajo formal, ha generado, en beneficio de muchas personas, ese oficio. Algo que parecería justo… si no fuera porque la ley -los reglamentos municipales, más concretamente- prohíbe categóricamente a los particulares cobrar, en su beneficio, por el uso de los espacios públicos. Y como, por otra parte, algunos “franeleros” son ocasionalmente descubiertos como cómplices de bandas que se dedican al robo de automóviles o de autopartes, se explica que las autoridades traten de hacer cumplir la ley que prohíbe esa práctica… aunque salgan perjudicados quienes la realizan honradamente.
-III-
En el otro caso, quienes desempeñan cargos públicos -desde el Secretario de Seguridad Pública hasta el Presidente de la República, pasando por los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina y demás integrantes del hoy por hoy bocabajeado Gabinete de Seguridad- “protestan (es decir, juran, se comprometen formalmente a) cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”. No tienen, pues, por más honestos que se precien de ser, la potestad discrecional de cumplirlas y hacerlas cumplir, siempre y cuando les parezcan justas… o pasárselas por lo que eufemísticamente se conoce como “el arco del triunfo” si las consideran injustas.