Allá en la fuente

Se armó la revolución en el Congreso del Estado con la reprobadera del examen de conocimientos aplicado a aspirantes al Consejo de la Judicatura porque les puso una exhibida a “renombrados” juristas y catedráticos.

Por ejemplo, la directora de la Preparatoria 4 de la UdeG, Rosalinda Mariscal, obtuvo la calificación más baja de los 61 aspirantes, con 42 sobre 100; el director de la carrera de derecho de la misma casa de estudios, José de Jesús Becerra, si bien sacó 77, los observadores del proceso lo grabaron sacando un “acordeón”.

¿Qué cara le darán a sus alumnos con semejantes calificaciones y mañas?

Ayer más de una decena de aspirantes interrumpió la comparecencia del Secretario de Hacienda, Juan Partida,  porque acudieron a exigir una revisión de sus calificaciones.

Nos informan que la más afectada es la UdeG porque la mayoría de sus aspirantes no alcanzaron a salir en listas… de aprobados.

Es hora que aún no se sabe si tienen que declarar desierta la convocatoria o si les darán alguna ayudadita para que pasen y los puedan nombrar. Ya veremos.

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El Gobierno de Jalisco ha mantenido oculto el documento que la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU le hizo llegar por el caso Giovanni López.

Se trata de 12 recomendaciones que, suavizadas por la lectura oficial y en palabras del gobernador, serían poco menos que una felicitación por la “voluntad” para indagar los “levantones” de manifestantes.

El Protocolo Minnesota elaborado por la ONU para garantizar una investigación eficaz en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales -es el caso de Giovanni- es muy claro.

El proceso y resultados de la indagatoria deben “ser  transparentes, lo que supone estar al escrutinio público en general y de las familias de las víctimas”.

Un video en el feis cada dos horas no es el ideal de transparencia y rendición de cuentas al que se refiere este acuerdo internacional vinculante para el Estado Mexicano.