¿CNDH vs Reforma Judicial?
Así como tramitó en junio pasado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la sanción de “muerte civil”, como se conoció la inhabilitación perpetua a funcionarios, empresas y particulares que cometieran actos de corrupción en Jalisco aprobada por el Congreso local en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo mismo podría hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Reforma al Poder Judicial que podrían aprobar esta semana las y los diputados locales.
Así como el equipo jurídico de la CNDH consideró que la “muerte civil” era desproporcionada a la gravedad del delito de corrupción porque implicaba “prácticamente aislar al acusado de la sociedad”, consideran también inconstitucional desaparecer el haber de retiro y la aplicación de algunas pruebas de control y confianza como se contempla en la reforma que ya fue aprobada por la mayoría de los municipios.
Como se sabe, el mes pasado la mayoría de las y los magistrados votaron por presentar, una vez que sean publicados los términos de la nueva Ley, una controversia constitucional para combatir esta iniciativa enviada desde mayo por el gobernador Enrique Alfaro.
En las últimas semanas, sin embargo, desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo se ha desplegado un intenso cabildeo con cada uno de los magistrados y magistradas, así como con la presidencia del Poder Judicial no sólo para que acepten los términos de la reforma, sino para que revoquen el acuerdo de julio pasado de ir a controversia constitucional contra la reforma, que en términos generales plantea respetar la paridad de género, reducir los tiempos de ejercicio de jueces y magistrados, desaparecer el haber de retiro, la aplicación de exámenes de control y confianza y modificar los métodos de elección de jueces y magistrados.
Inicialmente, en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia se votó a favor de la controversia para defender su jugoso haber de retiro, que consiste en 15 días por año trabajado y tres meses de sueldo; así como la eliminación de la aplicación de los exámenes, especialmente la aplicación del polígrafo.
Lo que ha trascendido es que las negociaciones con las y los magistrados van por buen camino y se tendrían ya los votos necesarios para revertir el acuerdo de la controversia ante la SCJN. Lo que perdieron de vista tanto en el gobierno estatal, como en el Legislativo, es la intervención por oficio que podría hacer la CNDH y que anularía el fruto de los acuerdos con los juristas.
Habrá que ver, pues, qué hacen los negociadores del gobierno estatal ante esta posibilidad. Desde la sociedad civil, lo que habrá que cuidar es que una eventual intervención de la CNDH, no sólo sea para velar por los derechos de los magistrados y magistradas, sino también para contribuir a una verdadera reforma al Poder Judicial que combata los altos niveles de corrupción e impunidad con los que opera, y que han agravado la crisis de seguridad y violencia que padecemos. No se debe permitir que se cambien cosas para que todo siga igual.
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