Desprecio criminal de los diputados
Con un desdén y desidia casi criminal, la mayoría de los diputados del Congreso de Jalisco desairó a las familias organizadas que tienen desaparecidos en el foro convocado del 29 al 31 de enero en la sede del Poder Legislativo, para discutir tres leyes sobre la materia.
Con la excepción del panista Jorge González Arana, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y que convocó a dicho foro, y unos pocos legisladores que hicieron presencia en la inauguración del evento, el resto de los diputados desairó y despreció a las familias organizadas en los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), Por Amor a Ellxs, Entre el Cielo y la Tierra, y de organizaciones como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
El evento es importante porque se pretendía que en mesas de análisis las organizaciones de familiares, expertos y académicos revisaran en conjunto con los diputados tres leyes pendientes en Jalisco: Ley de Personas Desaparecidas para el Estado de Jalisco, Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas.
Estas leyes son una deuda pendiente con las familias y las víctimas desde hace dos años. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue aprobada el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 17 de noviembre del mismo año. En el artículo transitorio noveno, dicha ley ordenó a los poderes públicos de los estados “emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto”. El plazo establecido en esta ley venció el 17 de mayo de 2018, lo que quiere decir que el Poder Legislativo tiene un retraso de 21 meses en cumplir con lo que manda la ley federal y en cumplirles a las familias que tienen desaparecidos.
Por estos antecedentes es más grave aún el desprecio y desdén con el que los legisladores de Jalisco trataron a las familias. Les deben las leyes desde mayo de 2018 y a pesar de ese evidente retraso, no tuvieron la voluntad y la decencia de aparecer en el foro de esta semana para manifestar su interés en saldar la deuda que tienen con las víctimas de las desapariciones en Jalisco. Lo lamentable es que no son sólo los diputados.
Desde hace tres sexenios se está viviendo este periodo extraordinario de violencia generalizada contra la sociedad cuyas aristas más dolorosas son los homicidios dolosos y la desaparición de personas. Y en todo este periodo, cuyos gobiernos han correspondido a distintos partidos (PAN, PRI y MC), el conjunto de la clase política de Jalisco ha sido omisa y negligente para responder a la altura del principal problema político que ocurre en Jalisco.
El desaire raya en lo criminal porque parece que no saben que Jalisco es una de las entidades con más casos de personas desaparecidas. De 2006 a la fecha hay más de nueve mil personas desaparecidas y el fenómeno no deja de crecer. Las leyes que los diputados tienen pendiente de discutir y aprobar podrían influir en aspectos concretos para establecer, desde ya, un sistema eficaz de búsqueda en vida de las personas y para resolver la grave crisis forense que se tiene en Jalisco.
Si quieren reparar la ofensa que acaban de cometer, los legisladores tienen que responder pronto a las exigencias de las familias para contener las desapariciones, encontrar con vida a todos los que se pueda e identificar dignamente a las personas resguardadas en los servicios forenses.