Gasto público en redes sociales en la opacidad
El caso de la cancelación del contrato de servicios de comunicación y manejo de redes sociales a la empresa Indatcom que anunció el martes el acalde de Zapopan, Pablo Lemus, luego de que en las páginas y espacios oficiales digitales del Ayuntamiento apareció la invitación a un acto de campaña del candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la gubernatura de Puebla, reabre el tema de la poca claridad con la que los gobiernos naranjas han ejercido presupuestos millonarios en este rubro en la última década.
Como se sabe, la empresa Indatcom, junto con Euzen Consultores y La Covacha Gabinete de Comunicación S.A de C.V. han tenido una extraordinaria bonanza económica a partir de que en 2009 se empiezan a constituir para asesorar al hoy gobernador Enrique Alfaro. Euzen reportó contratos por más de tres millones de pesos desde que los asesoró como candidato del PRD a la alcaldía de Tlajomulco.
La conquista en 2010 de esa presidencia municipal, y luego la primera campaña electoral por la gubernatura en 2012 ya por las siglas del partido Movimiento Ciudadano, significaron más contratos millonarios para estas empresas comandadas por Rafael Valenzuela, estratega comunicacional de cabecera de Alfaro, que siguieron creciendo en campañas y gobiernos en 2015 que se convierten en la primera fuerza política de Jalisco en el Congreso y municipios, y más aún el año pasado que ganaron la gubernatura.
Estas empresas favoritas no sólo cobraron por asesorías y servicios al partido Movimiento Ciudadano y sus candidatos, sino a prácticamente todos los ayuntamientos que iban conquistando, no por licitaciones, sino con adjudicaciones directas. Así pasó con Zapopan en 2015, hasta que esta semana decidieron terminar su relación comercial por el incidente del candidato de Puebla.
Tan sólo del 2013 al 2016 MC gastó en comunicación 84 millones de pesos. ¿Cuánto de esta partida fue para estas empresas? Los dos primeros años de la administración de Alfaro, el Ayuntamiento tapatío gastó por concepto de comunicación en redes sociales 24 millones de pesos. Para el 2018 renovaron contratos por 14.5 millones de pesos también para las mencionadas empresas, bajo la justificación de que cuentan con “la propiedad intelectual del diseño conceptual global de la difusión de la imagen del Ayuntamiento”.
Si desde al año pasado el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) estableció que gobiernos e incluso funcionarios públicos que utilicen sus cuentas privadas para difundir información pública o relativa a su cargo, deben transparentar su gasto en redes sociales, sin costo alguno para el ciudadano interesado, será muy interesante descubrir bajo qué criterios se ha venido utilizando el dinero público en este rubro.
Llegó, pues, el momento de que gobiernos y partidos políticos rindan cuentas claras de lo que se paga y por qué conceptos a éstos y otros estrategas de comunicación y lo que estos contratan a los medios digitales que han acaparado el gasto publicitario de los gobiernos, y debatir si se deben permitir o no las adjudicaciones directas por estos servicios, distinguiendo claramente lo que es comunicación institucional de Ayuntamientos para ciudadanos de los que es clara propaganda política pagada con el erario.
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