Industria electrónica, epidemia de explotación
Hace dos años, cuando la pandemia por coronavirus obligó a parar y detener la mayoría de las actividades educativas, comerciales y productivas en todo el mundo, muchos tuvimos el privilegio de trabajar en casa, pero grandes sectores de la clase trabajadora no tuvieron ese derecho. A la mayoría de quienes siguieron trabajando se les consideró parte de las actividades esenciales, donde destacó, de modo explicable el personal médico, así como trabajadores de sectores como transportes, comercio, farmacias y otros.
Sin embargo, muchos otros sectores industriales jamás pararon incluso cuando sus actividades no eran esenciales. Entre estos sectores destaca la industria electrónica emplazada en la Zona Metropolitana de Guadalajara que se compone de más de 100 empresas, la mayoría extranjeras y donde laboran cerca de 120 mil obreros. La peculiaridad de la clase trabajadora de la industria electrónica tapatía es que cerca de 70 por ciento de estos 120 mil obreros, son mujeres y especialmente madres solteras que son a su vez jefas de hogar.
A pesar de que muchas de estas empresas tienen líneas de producción no esenciales, la Mesa de Salud del gobierno de Jalisco nunca decretó el paro de labores en estas empresas, lo que obligó a decenas de miles de obreros, la mayoría mujeres, a seguir laborando en las líneas de producción en condiciones de riesgo durante las primeras olas de contagios por COVID-19.
Amapola López, coordinadora de la Coalición de Extrabajadoras y Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional (Cetien), contó en entrevista para Radio Universidad de Guadalajara los riesgos, la pérdida de derechos y abusos que muchos trabajadores y trabajadoras de esta industria han padecido en estos dos años de pandemia (https://bit.ly/3wlL5Hq).
Aunque varias empresas aplicaron medidas sanitarias como el distanciamiento social y los ingresos vigilados con gel sanitizante, otras áreas de uso común, como el comedor, lockers, baños, bebederos, checadores y transporte no era posible guardar esas medidas de distanciamiento, explicó Amapola López.
Lo más grave es que, con el pretexto de la pandemia, hubo una cadena de reajustes de producción que se tradujo en una serie de abusos a los derechos laborales de los trabajadores de la industria electrónica. Entre otras cosas, hubo varios despidos, señaló Amapola López.
“Aprovechándose de la pandemia, las empresas despidieron a mucho personal vulnerable. Se aprovecharon de situaciones de salud y de que la Junta de Conciliación no estuvo trabajando. Se les despedía sin liquidación o con poca liquidación a las personas vulnerables, se aprovecharon como para hacer una limpia.
En algunas empresas redujeron su producción porque los materiales que necesitaban para la producción venían de China, ciertas empresas y ciertas líneas de producción, pero nunca pararon. Entonces aprovecharon para hacer limpias, para hacer reajustes, para reacomodar personas de una planta a otra o cambiar turnos, o sea, la empresa nunca le pierde. Jamás le perdió: reajustó, reacomodó, despidió personal que ya no le convenía porque se dio cuenta que tenían mucho personal ‘vulnerable’ y hubo toda esa situación de reajustar que provocó bastante violación de derechos y las autoridades no estaban”, detalló la coordinadora de Cetien.
De modo que la pandemia agravó la situación laboral, de por sí precaria, de los trabajadores de la industria electrónica. Con el pretexto de la pandemia, a muchos trabajadores “vulnerables” se les mandó a descanso con cobro a sus vacaciones y a muchos se les redujeron salarios. Hubo casos de trabajadores que les llegaba pago semanal por apenas 90 pesos. A pesar de ser grandes corporaciones con fondos multimillonarios, los empresarios de la electrónica descansaron todo el peso de la crisis económica detonada por la pandemia en las espaldas de las y los trabajadores de esta rama industrial, quienes han vivido en estos dos años dos epidemias: la de COVID-19 y la de la explotación y los abusos de los empresarios de la electrónica. Y todo con el visto bueno de la Mesa de Salud y las autoridades estatales.
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