Justicia selectiva en campaña
Si la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular Alejandro Gertz Manero ya estaban en tela de juicio no sólo por sus muy magros resultados en la disminución de los casi niveles absolutos de impunidad que reinan en el país y que constituyen uno de los principales factores para el crecimiento de la delincuencia y la crisis de violencia, sino por la permisividad para desplegar una justicia facciosa, la revelación ayer de que se obsequió una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al que acusan de lavado de dinero, vuelve a poner no sólo en entredicho la independencia y eficacia de esta institución, sino también del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia en el país.
Como lo comenté aquí en marzo pasado que se reactivó el caso que la 4T filtró desde inicios de su gestión en el 2019, cuando se solicitó la declaratoria de procedencia para quitar al fuero al mandatario tamaulipeco, era muy sospechoso que justo se hiciera en pleno proceso electoral.
Por que si bien Cabeza de Vaca había estado en el ojo del huracán desde el 2015 que un testigo protegido de la DEA lo señaló de haber recibido en el 2004 500 mil dólares del cártel del Golfo para sus gastos de campaña, con los que llegó a la alcaldía de Reynosa, y no sería el primer gobernador de esa entidad encarcelado por ello (están presos Tomás Yarrington, que gobernó de 1999 al 2004, y Eugenio Hernández, que lo hizo del 2005 al 2010), la justicia a secas y la diligencia con la que se ha procesado este caso provoca muy razonables suspicacias del uso político electoral de las instituciones que procuran y administran la justicia, lo que constituye otro rasgo más de las tentaciones autoritarias del gobierno lopezobradorista.
Más aún si contrastamos la actitud más que laxa de la FGR y los jueces antes casos de allegados auténticos y utilizados de la 4T como la inacción para corregir el culiacanazo con la recaptura de Ovidio Guzmán; la flexibilidad extrema de la lujosa prisión domiciliaria del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la omisión para investigar el caso del hermano del Presidente, Pío López Obrador; y la atropellada exoneración del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por mencionar los más destacados.
Forzar la orden de aprehensión antes de esperar a que en la Suprema Corte se delibere y defina si el retiro del fuero lo puede decretar la Cámara de Diputados a un funcionario estatal o sólo el Congreso local como se debate de una y otra parte, es otro claro episodio que asoma la supremacía dictatorial que se anhela desde el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, ya sometido, y ante el Poder Judicial, que con este caso de justicia selectiva en campaña da muestras preocupantes de ir por el mismo camino.