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La igualdad y la noviolencia, una agenda común

Colaborar con un gobierno estatal habiendo mirado y evaluado la gestión pública a la distancia, representa un reto no menor; distancia relativa, la cosa pública pasa también por el ámbito académico y el quehacer de la sociedad civil; distancia inmensa, insalvable, si nos empeñamos en ver un allá y un acá, un ellas y ellos, un nosotras y nosotros. Y si además nos decidimos a cruzar el puente en tiempos de pandemia, el reto se magnifica: optimizar recursos, priorizar enfoques para atender lo urgente, la salud, la economía, pero también las violencias, que se expresan contundentemente de adentro hacia afuera. 

La pandemia visibilizó desigualdades estructurales que afectan a la población más vulnerable. Las acciones, políticas y programas públicos implementados han tenido impactos diferenciados en las niñas, las jóvenes, las mujeres, las personas adultas mayores y con discapacidad, las indígenas y la población LGBT+, quienes han visto más afectadas sus condiciones de vida, por la disminución de la actividad económica, la falta de protección social y las dinámicas generadas por el confinamiento obligado. 

Durante esta crisis se documentó un incremento en los niveles de violencia dentro de los hogares, las llamadas por violencia de género aumentaron 56% (SESNSP, 2021) y este año se han registrado 580 casos de feminicidio en México, 46 de éstos sucedieron en Jalisco, lo que representa 8% del total. A la vez, 71% de las personas que no volvieron a trabajar luego de los encierros impuestos por la pandemia fueron mujeres (ONU Mujeres, 2021), esto es muestra del acceso diferenciado, desigual, a oportunidades, seguridad, servicios y derechos. 

Como gobierno, resulta necesario valorar si las acciones y políticas públicas atienden y transforman esta realidad, con base en datos actuales, cotidianos. Una clave es colocarnos desde perspectivas que ofrezcan herramientas teóricas de análisis para comprender la realidad y transformarla (Fraser, 2015); la visión de género como perspectiva ética y política posibilita otras miradas, cuestiona las políticas normalizadas, muestra la manera en que los movimientos sociales (entre ellos el feminismo contemporáneo) remodelan el imaginario social al cuestionar las exclusiones sexistas y la discriminación, ampliando los valores igualitarios, de la clase al género, y construyendo una política que parta del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los grupos minoritarios. 

Prevenir y reducir la violencia de género exige comprender cómo se construye: el papel que juega el entorno cotidiano en la espiral de violencia; la manera en que la vida social y las costumbres, las relaciones de poder entre las personas, las expectativas y diferencias sociales en torno a los sexos, contribuyen a que persistan, y se acentúen, las violencias y las desigualdades, para, de este modo, identificar las  causas y atenderlas, involucrando a las instituciones del Estado y a las y los distintos actores sociales. 

Gobierno y sociedad podemos cambiar el guión dominante sobre las violencias y desigualdades de género, y redactar uno orientado a la igualdad, la justicia y la corresponsabilidad. Ser parte de esta administración estatal es un desafío y un compromiso que nos demanda trabajar con todo lo que personalmente tenemos a la mano, especialmente cuando la responsabilidad atañe a una materia que todavía requiere dosis intensivas de nuevas conductas, dentro y fuera del gobierno. Hacer de Jalisco un espacio propicio para el desarrollo de capacidades, la noviolencia, la autonomía, la seguridad y el bienestar compartido, donde cada cual pueda ser quien es y aportar lo mejor de sí, sin estigmas, ni violencias, con respeto y en libertad, es una tarea que compete a todas, a todos, pero con las autoridades a la cabeza, como guía y ejemplo. 

Twitter: @PaoLazoCorvera

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