La nueva burla desde el tobogán legislativo LXIII
Legislaturas van y legislaturas vienen y nada de fondo cambia ni se corrige para sacar a las y los diputados del tobogán del desprestigio.
El gasto de casi un millón de pesos que pagaron a fines del año pasado al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para que hiciera un análisis de la nómina y de las funciones de cada uno de los empleados del Poder Legislativo para, en teoría, ahora sí combatir la obesidad y la rapacidad en el Congreso local, fue completamente inútil.
Contrario a lo que muchos esperábamos, la democracia y la pluralidad que se empezó a construir a partir de la primera alternancia política que se dio en Jalisco en 1995, trajo consigo el inicio de los despilfarros y desfalcos descomunales en el Poder Legislativo.
El Congreso de Jalisco que en los tiempos antidemocráticos del PRI, en los que siempre eran mayoría, funcionaba sin problema con 300 empleados, con la partidocracia que se instaló a fines del siglo pasado esa cifra se empezó a inflar hasta llegar a los más de mil empleados que cobran actualmente en el Poder Legislativo.
La lógica de nuestra clase política fue simple y voraz. Entre más nómina más presupuesto y más partidas secretas para aceitar la corrupción. De espaldas a los ciudadanos, los partidos políticos y los gobiernos de todos los colores, hicieron del Congreso el receptáculo de todas sus clientelas políticas que emplean en las temporadas de campañas electorales.
Estos obscenos abusos hicieron crisis en la tristemente célebre Legislatura LVIII de hace más de tres lustros, desde donde la corrupción se cubría, reproducía y se desbordaba al Poder Ejecutivo y Judicial por la nula fiscalización y el secuestro de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).
En su debut en la vida parlamentaria de Jalisco en 2012, la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC) prometió combatir las corruptelas y cambiar la historia del Congreso. La siguiente Legislatura obtuvieron la mayoría que han mantenido en las tres últimas sin que la refundación legislativa llegue.
Todo lo contrario. Desde el 2018 el propio IMCO ubicaba al Congreso de Jalisco como el tercero administrativamente más obeso del país. Su nómina entonces era de 943 empleados cuando el promedio nacional era de 441. Lejos de corregir su nómina, el saqueo siguió creciendo con la mayoría naranja.
Pero la prueba que nada quieren hacer contra la corrupción institucionalizada que se vive en el Congreso, vino este mes que ante la conclusión del último estudio del IMCO que ellos mismos contrataron, y que dicta que 649 de mil 069 empleados sobran en el Poder Legislativo, salieron a proponer que jubilarían voluntariamente a 12, pero que contratarían a 10 supernumerarios más. Un nuevo e inaceptable abuso, una burla más que le propina la partidocracia a los ciudadanos que dice representar y defender.
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