La pena del riesgo de la regresión autoritaria

Sin duda en esta semana el tema dominante, y para muchos también la principal preocupación en la agenda pública, fue la iniciativa de reforma electoral que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y que por el desdén con el que descalificó ayer al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al afirmar que le “daba pena ajena”, es su prioridad en busca de que sea la embestida final contra ese órgano electoral.

El asomo de esa fobia personal del Presidente contra el árbitro electoral que le levantó el brazo en su triunfo electoral del 2018, luego de dos intentos fallidos, explica los ataques sistemáticos y constantes que ha hecho al INE aun antes de asumir la Presidencia.

Lo malo es que este encono le puede costar muy caro al país por la regresión histórica, la vuelta al pasado que significaría aprobar la iniciativa que empuja la 4T, y que con el pretexto de que se gasta mucho en las elecciones en México, quieren regresar el control de los comicios al Gobierno y debilitar a los partidos de oposición como pasaba en los tiempos de los fraudes electorales del PRI, antes de la transición a la democracia hace 22 años que tantos años y vidas costó alcanzar.

Como lo he expuesto aquí, a pesar de la polémica por la encuesta del INE que divide opiniones a favor y en contra de la reforma electoral, el INE tiene un amplio apoyo entre la población, y ante las amenazas en su contra que implica la propuesta presidencial, organismos de la sociedad civil, de la iniciativa privada e incluso la Iglesia católica han salido en su defensa.

Lo grave del caso, sin embargo, es que ni todos estos respaldos pueden conjurar el riesgo de este retroceso democrático que no sólo preocupa en México sino también en el ámbito internacional. Y es que la decisión recaerá en las y los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde Morena y sus aliados, ayudados con las presiones que se ejercen desde la Presidencia, pueden conseguir los votos que les hacen falta para aprobar esta reforma constitucional, como ya lo hicieron para prolongar hasta el 2028 la presencia militar en labores policiales.

Para ello doblaron a Alejandro “Alito” Moreno, contra quien pesan investigaciones de corrupción cuando fue gobernador de Campeche y tiene en proceso un juicio político. No por nada la reforma electoral a la primera comisión que llegó a San Lázaro fue a la de Gobernación, que encabeza el diputado y líder nacional del PRI.

Ese riesgo, que crece si vemos cómo las negociaciones de esta reforma iniciaron con una oposición dividida, es lo que sí nos debe dar pena ajena y pavor.