Pausa al festejo de la casta notarial
La semana pasada que la ingenuidad política y el machismo revanchista del dirigente nacional panista, Marko Cortés, lo hizo exhibir un vergonzoso e ilegal acuerdo de reparto de espacios de poder, notarías públicas entre ellos, como condición para la alianza PAN-PRI-PRD, que a la postre resultó triunfadora en la elección estatal de Coahuila el año pasado, el Colegio que agrupa al gremio notarial en Jalisco aprovechó para propalar que aquí esas malas prácticas no ocurren.
Aunque habrá que reconocer que tras el escándalo del año pasado por la discrecionalidad y la opacidad con la que se aplican los exámenes para obtener los fiats notariales y todo el tráfico de influencias que siempre se ha dado para su reparto por los gobiernos estatales en turno, que saltó tras descubrirse cómo se mutiló el examen de la sustentante María Guadalupe Sánchez González en el ya lejano concurso del 2018, algo se mejoró que en el último proceso de selección de septiembre pasado en el que se asignaron nuevos notarios y notarias en 18 municipios del interior del Estado, no hay, al momento, queja alguna.
Sin embargo, este incipiente avance para desmontar la casta notarial que ha reinado históricamente en Jalisco no justifica el tono triunfalista y festivo que desplegaron y que supone la erradicación del tráfico político de los fiats y que aquí llegan sólo los aspirantes más calificados y de mayor experiencia. Por decir lo menos, tanto bombo y platillo resultó excesivo y precoz.
Prueba de que falta mucho por evolucionar, además de las últimas sanciones a casi una decena de fedatarios públicos, es el jalón de orejas que acaba de dar un Tribunal Colegiado al Colegio de Notarios de Jalisco por la “violencia institucional” ejercida en el caso de la sustentante Sánchez González, a la que han aplicado una larga cadena de argucias y tácticas jurídicas dilatorias en complicidad con la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, para buscar que desista de un litigio, que se ha prolongado por más de cinco años, para hacer valer sus derechos en la búsqueda de uno de esos fiat.
Como se sabe, Guadalupe presentó su examen en 2018 y al pedir una revisión por no aceptar la calificación reprobatoria que le anunciaron, empezó todo un calvario, hasta que por intervención de la justicia federal el Colegio de Notarios tuvo que mostrar la prueba, que para sorpresa de todos estaba mutilada. Tuvo que venir toda otra odisea jurídica para que se le hiciera justicia, y aunque no se le otorgó la notaría como uno de los juzgadores propuso como resolución, sí se ordenó que se le volvieran a aplicar las preguntas mutiladas. El jurado del Colegio de Notarios, al que nunca se le investigó por la mutilación del examen, arbitrariamente modificó las preguntas y acortó el tiempo de respuesta. Por eso nuevamente el Tribunal Colegiado volvió a ordenar que se le aplique un tercer examen, con las mismas preguntas aplicadas en 2018 y que alguien arrancó, y que se le dé el tiempo suficiente para contestarlas.
Habrá que ver si esta vez la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y el Colegio de Notarios no incurren de nuevo en argucias “de mala fe” como las aplicadas el año pasado y que juzgó así en su fallo la justicia federal.
Mientras tanto habrá que poner en pausa la prematura celebración de la casta notarial.
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