Tiramuertos en Jalisco, otro año de casi 100% impunidad
Hace poco más de un año lancé desde aquí una pregunta y reto a las autoridades federales, estatales y municipales, y desde luego a sus corporaciones castrenses y policiales, que fue el título del RADAR de aquel 7 de noviembre de 2022.
“¿Y los tiramuertos?”, cuestionaba porque a lo largo de todo el año, prácticamente todos los días, al menos aparecía un muerto tirado en la vía pública, cuando no tres, cuatro o más, tanto en las colonias periféricas y zonas despobladas dentro de la metrópoli, como en zonas céntricas de aquí y de muchos municipios del interior. Hice en aquella ocasión una descripción pormenorizada de la gran variedad de puntos y situaciones en las que los vecinos se tropezaban con los cuerpos inertes, que podría casi repetir ahora, corregida y aumentada, con todos los muertos tirados en el espacio público de noviembre de 2022 a hoy.
Seguimos habitando una ciudad que, poniendo aparte la tragedia humana de las fosas clandestinas, se ha convertido en una gran morgue, en la que los grupos del crimen organizado pueden diseminar cadáveres sin que nadie los moleste.
Hasta el martes pasado que por casualidad militares y policías se toparon con una mujer que huía con un cadáver en la cajuela de su coche en Tonalá, a lo largo de 2023, como en 2022, no había un solo detenido sorprendido en el acto. Ningún Informe Policial Homologado (IPH) de algún elemento de cualquier corporación que hablara de la detención de algún sujeto o algún grupo de sicarios descubiertos subiendo, trasladando o bajando a una de sus víctimas mortales que esparcen por cualquier rumbo que les plazca.
Por eso la conclusión y el llamado urgente sigue siendo el mismo de hace un año: terminar con la ausencia de una estrategia policial para hacer frente a estos delincuentes y acabar con el escándalo de tener casi un 100 por ciento de impunidad para los tiramuertos.
Ojalá que con estos patrullajes mixtos que se echaron a andar desde el año pasado ante la grave escalada de inseguridad y violencia en la ciudad y en el Estado, vengan más detenciones que sean fruto de investigaciones sistemáticas y no del azar o denuncias anónimas como las del martes, para poner fin a ese vergonzoso y cómplice cero en detenciones de los que tiran cadáveres.
Por lo pronto habrá que reclamar a los gobiernos que más de un año después ese 100 por ciento de impunidad había quedado intacto hasta la fortuita detención del martes en Tonalá, a pesar de que la tiradera de muertos sigue ahí y va en aumento.
Denunciar también que no hubo mando militar o civil que atendiera esta tétrica asignatura ni gobierno que les obligara a cumplir su deber y no hacer oídos sordos a este fenómeno criminal que es como el elefante en la sala que nadie quiere señalar pero todos ven.
Habrá que ver si los gobiernos federal, estatal y municipales se quieren despedir el año próximo con este imborrable sello de ineficacia y/o complicidad que implica dejar transitar en toda libertad a los repartidores de muerte que parecen invisibles a los patrulleros y a los sistemas de videovigilancia que tanto presumen y tanto nos cuestan.
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