Todas las Alondras, todas las Lilianas
El doble feminicidio de Alondra y su madre Liliana, que sacudió a Jalisco y al país, es una alegoría cruel del camino pavimentado a la muerte que recorren decenas de mujeres.
El 31 de enero pasado, Christopher ingresó armado a la agencia del Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco, en una casa habilitada como oficina en la planta baja. Allí el hombre disparó contra Alondra, su esposa y madre de su hijo de seis años. La ejecutó cuando ella intentó resguardarse debajo de un escritorio. Luego se dirigió a la cocina, a donde alcanzó a su suegra, y también la mató.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió ayer la Recomendación 17/2023 en donde hace un análisis exhaustivo de las omisiones de la Fiscalía del Estado y el municipio de Poncitlán para atender a Alondra.
Un día antes de su asesinato, Alondra acudió al Instituto de Igualdad Sustantiva de Poncitlán para denunciar a Christopher por violencia física, verbal y sicológica. Allí dijo que temía por su vida.
El síndico emitió una orden de protección a favor de la víctima. Ésta consistía en que la Policía municipal daría rondines en torno a la casa de Alondra y notificaría al agresor para que se mantuviera alejado de ella.
El expediente asienta: “No se le ofreció un refugio a Alondra para que pudiera mantenerse a salvo del riesgo extremo que corría, aunado al hecho de que el personal policial al que dirigieron las medidas de protección, únicamente acudió al domicilio de víctima, pero omitieron notificar al agresor, con lo que se comprobó la deficiencia en el cumplimiento de las medidas antes aludidas”.
Sobre las medidas de seguridad en la agencia del Ministerio Público de Poncitlán, la CEDHJ corroboró que carecía de arco detector de metales, cámaras de videovigilancia y no había personal armado de la Policía Investigadora o de seguridad. Ese día sólo estaba una MP, dos actuarios, un secretario y una prestadora de servicio social. Días después del doble feminicidio, se apostó un policía municipal en la entrada, pero desarmado y sin un protocolo de revisiones a los visitantes (la historia podría repetirse).
La CEDHJ analizó el caso de Alondra junto a otros nueve expedientes a partir de quejas ciudadanas y llegó a una conclusión que se traduce prácticamente en una condena: la Fiscalía del Estado y las policías municipales enfrentan saturación y cargas excesivas de trabajo, falta de personal, infraestructura y equipo. En otras palabras, la arquitectura institucional es incapaz de resguardar los derechos y la vida de una víctima.
La Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía estatal abrió el año pasado 14 mil seis carpetas de investigación (38 en promedio cada día). De ese total imputó sólo a dos mil 827 presuntos agresores y vinculó a proceso apenas a 865 -el 6 por ciento-. Esto lo hicieron entre 16 agencias del Ministerio Público en donde laboran 142 funcionarios con jornadas de 24 horas de trabajo por 48 de descanso.
Por poner un ejemplo, la Comisaría de Guadalajara tenía a principios de año cinco mil 810 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. Para atenderlas destina 99 elementos y 24 patrullas.
Christopher fue detenido una semana después del doble feminicidio. Aquí la justicia sólo llega a las víctimas después de muertas.
Por eso la próxima vez que Enrique Alfaro pregunte qué tiene que ver el Gobierno con un feminicidio, o asegure que es un asunto privado y doméstico, hay que recordarle la historia de Alondra y su madre Liliana. Ese mismo guion, con algunas variaciones, se repite todos los días.
jonathan.lomeli@informador.com.mx