Alerta contra desapariciones
La grave crisis por desaparición de personas que atraviesa México y que ninguno de los pasados cuatro sexenios ha sido capaz de detener requiere que toda la sociedad mexicana se involucre para poner fin a este flagelo que conduele a cientos de miles de familias en todo el país. En este sentido, es una noticia de la mayor relevancia la publicación del “Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles 18 de febrero, por parte de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo.
Este protocolo, define la misma publicación, “es una herramienta nacional de búsqueda que acciona un cúmulo de actos coordinados entre las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, del sector privado y social, encaminados a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas”.
Quiero enfatizar la parte donde se afirma que es un “cúmulo de actos coordinados” entre todo el aparato público, pero también involucra a los sectores privados y sociales. El protocolo en cuestión tiene como objetivo “establecer los elementos para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con la finalidad de que la búsqueda inmediata nacional sea efectiva”.
Uno de los temas de la mayor relevancia es que ordena la publicación de una desaparición de personas en todo el país en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) en cuanto se presente un reporte, sin que sea obligatorio presentar una denuncia formal o se cuente con una carpeta de investigación. Esto es de la mayor importancia porque hace un par de semanas, al hablar de este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum parecía sugerir que en el RNPDNL solamente se incluirían los registros que contaran con una denuncia ante las fiscalías y, por tanto, con una carpeta de investigación. En el protocolo de la Alerta Nacional de Búsqueda se indica que no será así. Este es un punto importante que había sido exigido por las familias y los colectivos organizados que buscan a sus desaparecidos.
El manual establece clara y precisamente cómo se activará esta Alerta Nacional de Búsqueda y las competencias de cada dependencia o agencia encargada de las desapariciones. Por supuesto, establece las competencias y obligaciones que corresponden, en primer lugar, a las fiscalías de búsqueda tanto nacional como de cada entidad, al igual que a las comisiones de búsqueda. Al sector público, el protocolo lo obliga a “establecer los parámetros de articulación entre todas las entidades federativas y las autoridades que participan en la activación y operación de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como sus obligaciones para asegurar la coordinación en la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.
Lo anterior puede sintetizarse en que el protocolo obliga a todas las fuerzas del Estado mexicano a coordinarse para ser eficientes en la búsqueda de todos los desaparecidos. Qué triste e indignante que un asunto tan de sentido común, como la coordinación entre todas las dependencias, sea reiterado en este momento, cuando era ya una obligación desde la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición, publicada en noviembre de 2017. Y, por lo demás, la exigencia de coordinación entre dependencias públicas es una exigencia de siempre de las familias que buscan a sus desaparecidos.
Pero un tema de la mayor relevancia en este protocolo, y por lo cual insisto en que podría ser un parteaguas para la búsqueda de todos los desaparecidos, es que establece competencias tanto para el sector privado como para el sector social. Por ejemplo, se indica que las empresas de telecomunicaciones, televisoras y radiodifusoras deberán difundir las fichas de búsqueda “en los medios físicos y digitales, así como en espacios de servicios con los que se cuenten”. Lo mismo se pide para hoteles y restaurantes y hasta las tiendas de conveniencia. Oxxo tiene 20 mil tiendas en el país y 7Eleven, mil 800; sería alentador ver que en cada uno de esos espacios se difunda información sobre cada uno de los 130 mil desaparecidos que hay en México.
Pero cómo podrían cumplirse estos propósitos es algo que no se definió en el protocolo. Y aunque algunos de estos aspectos de la Alerta Nacional de Búsqueda son alentadores, lamentablemente otra vez las familias organizadas no fueron consultadas al respecto. Ojalá que en la publicación del manual técnico de esta alerta, que deberá ser publicada la siguiente semana, sí sean tomadas en cuenta las opiniones de las familias que buscan a sus desaparecidos.