El horror permanente de las fosas clandestinas

Habitar una geografía de ausencias es una de las peligrosas rutas que ha asumido México en este primer cuarto del siglo XXI. Los hallazgos de fosas clandestinas siguen registrándose en lugares tan disímiles como Concordia, en el Estado de Sinaloa; los campos agrícolas de Irapuato, Cortazar y Villagrán, en Guanajuato; e innumerables puntos más del país, sin que exista un registro oficial, transparente y actualizado que permita siquiera dimensionar la cifra real de cuerpos o restos exhumados en este período reciente. 

La violencia que conduce a estas fosas es de naturaleza compleja: no siempre obedece a una sola lógica criminal que reproduce rutinas de violencia, reclutamiento y desaparición. 

Sin embargo, la presencia de estas fosas ni siquiera empieza ni termina con esos grupos: es también una forma de violencia que cristaliza la incapacidad estatal de proteger vidas, de garantizar justicia y de ofrecer un relato público confiable sobre qué ha ocurrido, dónde y bajo qué circunstancias.

Hay además una realidad inquietante, por las nuevas modalidades utilizadas por los criminales: cuerpos depositados en pozos profundos o tubos hidráulicos que desafían las herramientas convencionales de investigación forense. Los colectivos locales de búsqueda han confirmado la recuperación de decenas de cuerpos bajo estas condiciones extremas. Esta técnica homicida, particularmente brutal -arrojar cuerpos a profundidades imposibles, lejos de cualquier mirada pública- se vuelve un símbolo de la máxima desposesión: el cuerpo no sólo desaparece, sino que es arrojado a un lugar que no pertenece a la memoria colectiva visible.

Este hecho no es menor, porque muestra que la violencia no opera sólo en la clandestinidad literal de la fosa, sino también en una clandestinidad técnica y logística que parece calcular la imposibilidad de recuperación como parte del propio acto violento, o bien, en caso de que ocurra, una investigación criminal y forense adecuada.

Cifras periodísticas sugieren que sólo en 2025 se documentaron cientos de hallazgos de fosas con más de 400 puntos de inhumación ilegal en todo México, con Sinaloa, Guanajuato y Jalisco entre las entidades con mayor número de víctimas, aunque se carece de cifras oficiales transparentes. La ausencia de un registro público confiable constituye en ese sentido una dimensión sustantiva de la violencia: el Estado mismo se ausenta de la narración oficial de los hechos, dejando que las cifras provengan predominantemente de colectivos de familias buscadoras y medios de comunicación.

Las implicaciones sociopolíticas son profundas. Las fosas clandestinas operan como un espacio de negación del derecho a la verdad, un vacío institucional que transforma la tierra y el cuerpo en signos de lo indecible. De manera cada vez más recurrente, las fosas ya no ocultan del todo: los cuerpos se asoman, la ropa queda a la vista, como si alguien quisiera que fueran encontrados. Y, aun así, una parte de la sociedad no se conmueve. Son las madres, las abuelas, las hermanas quienes buscan, frente a una indiferencia que también hiere.

Este Estado de cosas exige extender el análisis más allá de las demandas de justicia por casos específicos para preguntarse por las condiciones estructurales que han permitido que las fosas clandestinas se conviertan en un ‘elemento ambiental’ de la vida mexicana. Estas condiciones incluyen la fractura de las instituciones forenses, la insuficiencia en la protección de los derechos humanos, la marginalización de regiones enteras y la priorización de estrategias de seguridad punitivas sobre abordajes capaces de crear redes de prevención social y de reparación del tejido comunitario.

Finalmente, la presencia de fosas clandestinas nos enfrenta a una pregunta urgente: ¿cómo reconstruir comunidades que han visto su historia facturada y enterrada en agujeros repletos de dolor? Estas fosas representan el empuje de una violencia que mata personas y que desestructura la posibilidad de pertenencia, de horizonte temporal y de sentido. La respuesta no puede ser meramente forense ni puramente política: debe ser ética, comunitaria y orientada a la apertura de espacios de verdad, dignidad y reparación para quienes siguen buscando.