Impunidad: cifras que condenan
“La impunidad es la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia penal”.
Esta definición se plantea en el estudio “Radiografía de la Impunidad 2024”, elaborado por México Evalúa. Y nos ayuda a dimensionar un concepto que se emplea de manera abusiva hasta el grado de perder su significado.
El documento presentado ayer por el organismo ofrece una métrica cruda sobre nuestra realidad: la impunidad no es una abstracción sino la incapacidad probada con cifras oficiales.
Entre los hallazgos más reveladores del informe está la desconexión en la “tubería” procesal. Hay una brecha alarmante entre las llamadas de auxilio al 911 o 089 y las carpetas de investigación que efectivamente se abren en las fiscalías.
Este es el primer filtro fallido en donde se extravía la justicia: el ciudadano denuncia a una línea de emergencia, pero esa información jamás se traduce en un expediente judicial.
Si logramos que un caso entre al sistema, el siguiente obstáculo es el “archivo temporal”.
El estudio advierte que este recurso se ha convertido en un limbo en donde los casos se estancan por falta de líneas de investigación, convirtiéndose en una suerte de prescripción de facto.
En un aspecto positivo, Jalisco destaca en un rubro específico dentro del Poder Judicial: los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Nuestro estado se ubica entre las tres entidades que más acuerdos reparatorios resuelven en sede judicial, junto con Chihuahua y Zacatecas, aunque la cifra -636 casos- sigue siendo modesta frente al universo total de delitos.
Esta es una ruta de “salida efectiva” que permite resolver conflictos sin llegar a procesos largos y costosos, siempre que se garantice el cumplimiento del acuerdo.
Sin embargo, el reto para Jalisco es mayúsculo, pues se coloca en primerísimo lugar en impunidad en el país. Significa que el 97.81% de los delitos denunciados en la entidad quedan sin castigo.
En otras palabras, de cien víctimas que presentan una querella, sólo dos obtienen justicia.
El segundo lugar en impunidad lo ocupa Morelos (97.61%) y el tercero, Guerrero (96.19%). Un Estado, el nuestro, de cuño emecista, y dos morenistas, encabezan este deshonroso podio.
El promedio nacional en impunidad es de 89.42%, lo que revela que el problema es generalizado.
La justicia en Jalisco y en el país no necesita más estadísticas, gráficas y discursos sobre la baja de delitos. No mientras miles de víctimas sigan atrapadas en un laberinto de impunidad.