La ventanilla del miedo: cuando la política aprende a cobrar piso
Hay un instante —casi imperceptible— en que un partido político deja de ser un centro de ideas para convertirse en una taquilla de cobro. En esa mutación, ya no se organizan esperanzas, sino que se administran temores; ya no se convocan ciudadanos, se clasifican “cuotas”. Es en la penumbra de esta metamorfosis donde emerge la figura más amarga de nuestra psicología social: la alianza del poder con la lógica del crimen.
La extorsión no es solo un delito; es un lenguaje. Habla con la gramática del terror: “paga o sufre”. Cuando ese diálogo encuentra eco en el aparato ideológico partidista, el daño se vuelve exponencial. El miedo se transmuta en política pública sin necesidad de decretos ni diarios oficiales. Como bien ha señalado la investigación sobre el “cobro de piso” en México, este cáncer crece en el silencio de las sombras del poder, escalando desde la asfixia patrimonial hasta la violencia letal que hoy desplaza a miles de familias de su hogar.
Aquí nace un triángulo tóxico: dinero ilícito, protección institucional y propaganda. Moisés Naím advertía que los mercados ilícitos son como un humo que se filtra por las rendijas de la democracia, deformando la vida pública hasta volverla irreconocible. Por su parte, Louise Shelley describe con precisión quirúrgica esa “porosidad” del Estado: cuando el soborno se normaliza, las instituciones dejan de ser escudos para convertirse en rutas de tránsito para el crimen organizado.
En el plano psicoemocional, el mecanismo central es el autoengaño. El político seducido por la codicia necesita una coartada interna para no reconocerse como un villano: se convence de que “así son las reglas del juego” o de que “es por el bien social del proyecto”. Mientras tanto, el criminal descubre que el voto también es un territorio conquistable. Ambos se estrechan la mano en un pacto de conveniencia: uno aporta el sello oficial, el otro aporta el manejo del miedo.
La evidencia es contundente: para que la extorsión prospere, el crimen necesita capturar a la autoridad local y moldear las reglas de convivencia. Como analizan Trejo y Ley, los incentivos electorales pueden entrelazarse con la violencia de tal modo que la gobernanza termina contaminada de raíz.
La salida no es ingenua, pero es urgente: hay que romper el hechizo de la resignación. Un comerciante que solo es una presa; se puede transformar en una comunidad organizada que documenta, denuncia y se protege, le quita el oxígeno al chantaje. La democracia no muere únicamente por las balas; se apaga, sobre todo, cuando aceptamos que el poder sea un peaje. La tarea más alta de nuestra sociedad es devolverle a la política su naturaleza de puente y derribar, de una vez por todas, la taquilla del miedo.