Lo cierto y lo falso del caso Almaguer
En política, dicen que, si quieres recordar algo de tu pasado de lo que no te acuerdes, o que estés dispuesto a que se conozca algún episodio que siempre te hubiera gustado que quedara oculto por delictivo o bochornoso, te metas de candidato a algún puesto de elección popular.
Porque seguramente tus adversarios en la contienda, siguiendo el ABC de cualquier campaña político-electoral, lo primero que esculcarán será tu ruta de vida, y la parte privada con doble lupa, para encontrar algún tropiezo para magnificarlo y, con el escándalo, descalificarte para ganarte la elección.
Eso lo hicieron mal los competidores del entonces candidato del Partido del Trabajo (PT) a diputado local, Leonardo Almaguer, en la pasada elección de junio de 2024, porque, aunque también circularon en redes sociales su pasado criminal, nunca lo hicieron con la enjundia con la que desde el poder se embiste ahora a este legislador incómodo en el tema del tarifazo y el tarjetazo camionero.
El caso es que ni el PT ni Almaguer tuvieron la honestidad ni la transparencia de hablar de su pasado delincuencial cuando robaba camiones que transportaban cerveza, ni del castigo cumplido con casi tres años de cárcel hace 21 años en el penal de Puente Grande, como muestra de congruencia hacia su electorado. Hoy pagan esa factura.
Paradójicamente, lo cierto también es que, por una reforma constitucional al artículo 30 del Código Penal del Estado impulsada por la bancada emecista (que hoy quiere quemar en leña verde al petista) en el Congreso local en 2017, tener antecedentes penales de ciertos delitos no te impide, una vez cumpliendo la sentencia y no ser reincidente, ser postulado a un puesto de elección popular, como lo aclaró ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC). El espíritu de esta reforma era facilitar la reinserción social al devolver derechos políticos suspendidos y evitar la discriminación, excepto en delitos graves como el secuestro, la trata de personas o crimen organizado, donde los antecedentes penales siguen cancelando esta posibilidad por razones de seguridad pública.
Desde luego que lo deseable sería que ningún partido político postulara a hombres o mujeres con pasado criminal probado, porque, por donde se le vea, lesiona su reputación y credibilidad personal, así como la del instituto político que lo promueve.
Para eso habría que discutir la pertinencia o no de hacer alguna contrarreforma que contenga regulaciones y leyes electorales claras y contundentes para prohibir expresamente que quien haya sido juzgado por algún delito pueda ser postulado, sin importar que hubiera purgado ya su pena y cumplido alguna sentencia, para ya no dejarlo a la discrecionalidad de la partidocracia, donde siempre ven por sus intereses de grupo y rara vez por la ciudadanía por la que dicen luchar.