Mineápolis recibirá a JD Vance mientras crecen señalamientos contra agentes del ICE
Las protestas se intensificaron tras el tiroteo mortal de Renee Nicole Good, de 37 años y ciudadana estadounidense
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, declaró hoy que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tiene “bienvenida” en la ciudad, pero consideró que debería dirigir su atención al incremento de acciones emprendidas por agentes federales de inmigración que, a su juicio, han violado límites constitucionales en su desempeño.
Vance tiene programado llegar mañana a Mineápolis en medio de crecientes tensiones políticas entre manifestantes y fuerzas federales en Minnesota, donde las protestas se intensificaron tras el tiroteo mortal de Renee Nicole Good, de 37 años y ciudadana estadounidense, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de enero.
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“Cualquiera puede venir a Mineápolis, incluido el vicepresidente —así funciona este país—”, señaló Frey en un comunicado. “Pero si de verdad quiere colaborar, debería enfocarse en poner un freno a los agentes federales que están apuntando y lastimando a nuestros residentes de formas que claramente cruzan líneas constitucionales. Eso es lo que Mineápolis requiere”, añadió.
La visita de Vance se produce en un contexto de fuertes críticas locales y nacionales a las tácticas de aplicación de la ley migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha incrementado las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza en la región como parte de una estrategia más amplia de control migratorio.
Frey y otros líderes locales han cuestionado la actuación de los agentes federales tras la muerte de Good, ocurrida durante las redadas de inmigración en Mineápolis. Las protestas masivas que siguieron al tiroteo —registradas también en otras ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles— han puesto el foco en las prácticas de aplicación y en posibles violaciones de derechos civiles.
La administración federal y defensores de las operaciones han defendido la presencia y tácticas de los agentes, describiendo la labor como parte de una operación legal destinada a deportar a inmigrantes sin documentos. El presidente Trump y altos funcionarios han sostenido que los oficiales en Minnesota "harán lo que sea necesario" para garantizar la seguridad, aunque sus descripciones han generado polémica y rechazo por parte de activistas y líderes comunitarios.
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La tensión política se ha intensificado también debido a acciones legales federales, incluido el servicio de citación de un gran jurado a altos funcionarios estatales y locales de Minnesota —entre ellos el gobernador Tim Walz y el propio Frey— como parte de una investigación penal para determinar si sus declaraciones u oposiciones obstaculizaron la aplicación de la inmigración federal. Los funcionarios estatales han calificado esas citaciones como tácticas de intimidación política y han afirmado que las comunidades quieren paz y seguridad, no persecución.
El caso continúa siendo un punto de fricción entre las autoridades locales y el Gobierno federal, con debates sobre la legalidad y los límites de las acciones migratorias, así como la rendición de cuentas tras el uso de la fuerza por parte de agentes federales en entornos civiles.
YC