México atraviesa crisis de reclutamiento forzado de niños por el narcotráfico

A los 11 años, Carlos —nombre falso para proteger su identidad— escapó por primera vez de su casa. Fue encontrado, pero volvió a huir al menos tres veces más. La última vez antes de desaparecer, en diciembre de 2025, él solo había ingresado al albergue del DIF en Tijuana, les dijo que tenía miedo, que lo querían matar y que estaba en peligro al igual que su familia, pero la misma autoridad habría reconocido que no podían protegerlo y su sola presencia ponía en riesgo al resto de los menores. 

Desde entonces no supieron más de Carlos.

Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Baja California compartió al menos cuatro pesquisas vinculadas con Carlos. Las primeras en septiembre y noviembre de 2024, y una tercera en junio de 2025, cuando escapó de su casa, en la colonia Camino Verde, con la intención de buscar a su papá, le dijo a su madre. 

Después de escapar en esa ocasión fue encontrado casi un mes después en Maneadero, una pequeña delegación en Ensenada, identificada como uno de los puntos de operación del crimen organizado. Allí fue reconocido por un residente que había mirado una de las pesquisas, fue entregado a personal del DIF que luego lo trasladó hasta Tijuana, donde permaneció alrededor de cinco meses y en ese tiempo confesó. 

"Dijo que había estado trabajando con gente que no debía, con gente mala, que había visto cosas muy feas. Tenía muchísimo miedo, yo le decía que me dijera quienes eran para poderlo proteger, teníamos pensado irnos de aquí, a otro lugar, a donde nadie nos conociera", narró la madre de Carlos, "la última vez que el DIF me lo entregó me dijo que no podían hacer nada, que su vida corría peligro". 

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Durante los últimos dos años el rostro de Carlos se disparó en redes sociales y medios de comunicación. Una ficha de búsqueda con su cara redonda, cachetes ligeramente abultados, ojos grandes y peinado de lado con un par de cabellos caídos sobre sus ojos. Todavía usaba uniforme escolar, camisa blanca y pantalón azul oscuro, se tomaba a sí mismo de las manos y cargaba una mochila. 

Ana, su madre, explica que en aquella ocasión, cuando lo encontraron en la delegación de Maneadero, lo trasladaron al albergue del DIF estatal en Tijuana. Nadie le había notificado que se encontraba allí hasta que vio una publicación en redes donde decía que ya lo habían localizado. En ese instante acudió a la paraestatal donde nadie le dio información, luego se presentó en Fiscalía, allí le confirmaron el hallazgo y le dijeron que estaba bien. 

Iniciaron el proceso de reintegración, pero fue hasta octubre cuando le permitieron hablar con él por teléfono.

En noviembre la dejaron visitarlo una vez a la semana, hasta que a finales de ese mes, se lo entregaron. Ya en casa, el menor le pidió que se fueran y dejaran Tijuana, quería estudiar la secundaria, pero luego le contó que era mejor irse para que nadie los alcanzara porque lo querían matar. 

El 4 de diciembre fue la última vez que lo vio. Era casi mediodía y ella le preguntó qué quería comer, le pidió pollo, su comida favorita, y entonces salió a comprar lo necesario, para cuando regresó él ya no estaba. De nuevo la desesperación, el llanto y la confusión "¿Habrían llegado por él?", pensó. Pero no. Tres días después recibió una llamada donde le informaron que, de nuevo, Carlos había llegado una noche antes al albergue del DIF y pidió que lo ingresaran. 

Apenas tenía un par de noches en ese lugar cuando fue atacado por otro menor de 17 años. Lo había ahorcado, en medio de los forcejeos cayó y se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y fue enviado al Hospital. Personal del DIF habló con su madre y, tajantes, le dijeron que su hijo corría peligro y que no podía estar en el albergue.

Sin algún otro trámite ni protocolo de por medio, le pidieron que se lo llevara. 

"Me dijeron que me lo llevara, el abogado me dijo 'No lo podemos tener aquí. Por la agresión que él tuvo, su vida corre peligro aquí', 'pues su vida corre peligro ahí y también aquí', le dije y a los dos días fui a las oficinas y el abogado nada más me dio un papel y le dijo que le firmara ahí". El 14 de diciembre se volvió a escapar. 

Este diario solicitó entrevista al DIF de Baja California para hablar del tema, no se tuvo respuesta. 

Menores en la mira

Baja California es considerado uno de los estados donde más menores de edad son cooptados por grupos criminales, de acuerdo con el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, publicado por la Secretaría de Gobernación. 

Las formas para integrarlos inician con la vigilancia, selección de la víctima y el lugar, después llega el método de coerción a través de amenazas, con o sin armas, o a través de seducción con videojuegos o engaños de trabajo. La publicación precisa: Invitaciones a través de redes sociales, videojuegos, invitaciones directas a participar en actividades delictivas, amenazas directas o indirectas (familia o comunidad), promesas de dinero, retención de documentos en personas migrantes o incluso privación de la libertad. 

En 2023 entre 476 y 899 adolescentes fueron privadas de la libertad a nivel nacional por delitos relacionados con delincuencia organizada, por lo que "serían probables víctimas de reclutamiento por agrupaciones delictivas", indica el informe "Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas en México (2010-2023)", publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Sin embargo, el académico e investigador del Colegio de la Frontera Norte, en Tamaulipas, Oscar Misael Hernández, mantiene que el panorama es aún más desolador.  Dice que, de acuerdo con la REDIM, entre 35 mil y 45 mil menores son reclutados por la delincuencia cada año y entre 145 mil y 250 mil están en riesgo. 

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"Existe diferentes criterios que los hacen mucho más vulnerables, porque hasta para eso hay factores de riesgo que los ponen en manos de los criminales y los hacen atractivos para el reclutamiento; por ejemplo, se trata principalmente de adolescentes en desarrollo, es decir, más manipulables, que vivan en zonas más precarizadas y que son menores".

Explicó que el nivel de vulnerabilidad es mayor cuando en México no existe una regulación sobre el reclutamiento forzado de menores, no existe nada dentro del código penal, tan solo propuestas dentro del recinto legislativo que no han logrado concretarse. 

Las únicas herramientas son en el derecho internacional, a través del Estatuto de Roma, que prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años en organizaciones armadas, incluidas instituciones de seguridad del gobierno. 

"Es decir, nuestro país no tiene herramientas que sirvan para proteger a los menores que están siendo reclutados por el crimen organizado, no hay nada. En cambio, los grupos criminales los seducen con dinero y la falsa promesa de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias o simplemente los amenazan, al final son reemplazables, como en las empresas, digamos que hay vacantes permanentes porque o mueren o desaparecen". 

Barbara Martínez, coordinadora del colectivo de familiares que buscan desaparecidos "Buscando a Tolano", asegura que la búsqueda de sus hijos no solo es el rastreo de los restos, también es búsqueda en vida, sin embargo, las autoridades no investigan y cuando apoyan es para rastrear cadáveres y fosas, no para esclarecer los hechos. 

"Pensamos en poder viajar a otros estados para intercambiar información porque claro que las desapariciones de nuestros hijos podrían estar relacionadas con reclutamientos forzados, que se los lleven a otros estados y ahí los tengan a la fuerza, en esos campos de adiestramiento como el Rancho Izaguirre, necesitamos otras formas de búsqueda".

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AO