¿Cuáles son los peligros que conlleva el Registro de Telefonía Móvil?

A partir de este viernes 9 de enero de 2026, todas las líneas celulares móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral, medida que, de acuerdo con el Gobierno federal, busca combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro en México. Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que esta acción conlleva riesgos y violaciones a la privacidad. En esta nota te contamos cuáles son.

Pepe Flores, director interino de R3D, organización defensora de los derechos digitales, consideró que este tipo de acciones fortalecen un "sistema de vigilancia con mucha discrecionalidad", ya que los usuarios lidian con la disyuntiva de entregar sus datos o "enfrentarse a la exclusión", porque ya es un registro obligatorio, y en caso de no cumplirlo, la línea telefónica será suspendida temporalmente.

Para asociar una línea telefónica de las empresas Telcel, Movistar, ATyT, Bait y Altán, las personas físicas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su credencial de elector o pasaporte y su Clave Única de Registro de Población (CURP). Las personas morales deben presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

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En diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos para la identificación de las telefonías, y previo a su aprobación se realizó la prueba piloto entre septiembre y octubre de ese año bajo el argumento de combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro.

"A las autoridades (de seguridad) se les da facultad de requerir datos a las empresas (telefónicas) sin necesidad de orden judicial y con muy pocas salvaguardas (...). Esos datos, al final del día, van a afectar principalmente a poblaciones en una situación de vulnerabilidad, que son las y los periodistas, las personas opositoras, las personas que protesten, las personas migrantes, por ejemplo", explicó.

Para Pepe Flores no resulta seguro entregar la CURP a las empresas telefónicas, ni mucho menos esto significa que va a disminuir la incidencia delictiva. Al contrario, prevé un repunte en el robo de celulares para cometer delitos.

"Pues no es seguro, pero es obligatorio (...), no creo que contribuya a la disminución del delito, pero ese ha sido el argumento que arregló el gobierno para impulsarla y que sea aceptada".

Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), los datos proporcionados quedarán en resguardo de las compañías telefónicas, en conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que el Gobierno de México no tendrá acceso a esos datos.

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Sin embargo, para R3D significa que, pese a que hay un resguardo de información en las telefonías, cada empresa está sujeta a entregar cualquier información si es requerida por las autoridades de seguridad en México, bajo el argumento de que buscan combatir delitos.

De acuerdo con el activista, la prueba piloto y ahora el registro obligatorio a la telefonía móvil atenta contra algunos derechos de los usuarios, principalmente contra la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y a la protección personal, los que —asegura— están en mayor peligro.

Otra de las grandes preocupaciones desde R3D es que las personas en situación de vulnerabilidad sean sometidas a mayores riesgos en la vulneración de sus datos personales, por ejemplo, "periodistas, activistas, opositores, migrantes y defensores de los derechos en México".

La llegada de la CURP Biométrica a México aumenta la incertidumbre debido a que incluye datos únicos como fotografía y huellas dactilares. Esto, para Pepe Flores, implica "un mayor rastro de la actividad que tenemos las personas".

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AO