En México, enviar dinero entre familiares mediante transferencias bancarias sigue siendo una práctica habitual para cubrir gastos cotidianos, emergencias o apoyar distintos proyectos personales. No obstante, en marzo de 2026 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que este tipo de movimientos financieros también está sujeto a disposiciones fiscales, sobre todo cuando se trata de donativos o préstamos entre personas.La autoridad fiscal precisó que transferir recursos a familiares no constituye una actividad prohibida, sin embargo, los contribuyentes deben conocer ciertos límites y obligaciones de reporte para evitar revisiones, sanciones o incluso el pago de impuestos adicionales. Estas reglas se encuentran establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.De acuerdo con la normativa fiscal actual, el SAT no fija un monto máximo para realizar transferencias electrónicas entre cuentas bancarias. Aun así, existen criterios específicos que determinan cuándo esos recursos deben declararse o pueden generar obligaciones fiscales para quien los recibe.En ese sentido, la autoridad señala que los donativos realizados entre familiares en línea directa —como padres, hijos, abuelos o cónyuges— están exentos del pago del ISR, independientemente de la cantidad transferida, siempre que se trate de un apoyo genuino y no de ingresos simulados.En cambio, cuando el dinero se envía a familiares que no pertenecen a esa línea directa —por ejemplo, hermanos, tíos o primos— la exención tiene restricciones. En estas situaciones, únicamente un monto equivalente a tres veces el salario mínimo anual puede considerarse libre de impuestos; cualquier cantidad que exceda ese límite deberá pagar el ISR correspondiente conforme a la legislación vigente.Además, el SAT indica que cuando una persona recibe donativos, préstamos o premios que en conjunto superen los 600 mil pesos durante un año, está obligada a informarlo en su declaración anual, aun cuando esos recursos se encuentren exentos de pagar impuestos.Otro elemento relevante es el papel que desempeñan las instituciones financieras en la vigilancia de las operaciones. Los bancos tienen la obligación de reportar al SAT ciertos movimientos que puedan resultar relevantes desde el punto de vista fiscal, un ejemplo de ello ocurre cuando un usuario realiza depósitos en efectivo que superan los 15 mil pesos en un mismo mes. En estos casos, la institución bancaria debe notificar automáticamente a la autoridad hacendaria. Esto no implica que el dinero sea ilegal ni que genere impuestos de forma automática, pero sí puede provocar revisiones para verificar el origen de los recursos.Especialistas en materia fiscal señalan que los problemas surgen cuando el contribuyente no puede acreditar de dónde proviene el dinero o cuando el SAT detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en las cuentas bancarias. Si ocurre esta situación, la autoridad podría considerar esos recursos como ingresos no reportados y exigir el pago de impuestos, además de aplicar recargos o sanciones.De igual forma, el organismo ha advertido sobre prácticas conocidas como “triangulación familiar”, que consisten en mover dinero entre varios familiares con el objetivo de ocultar una donación directa. Si se comprueba que estas operaciones buscan evadir impuestos, pueden clasificarse como simulación fiscal.Paralelamente a las disposiciones fiscales, el sistema financiero en México ha introducido nuevas herramientas para reforzar la seguridad de las operaciones electrónicas.Desde 2025, quienes utilizan servicios de banca digital deben establecer un Monto Transaccional del Usuario (MTU), es decir, un límite máximo para realizar transferencias por internet. En caso de que el cliente no configure este parámetro, el banco fija de manera automática un tope cercano a 1,500 UDIS, equivalente aproximadamente a 12 mil 500 pesos por operación.Este límite puede ajustarse directamente desde las aplicaciones o plataformas digitales de las instituciones bancarias, dependiendo de las necesidades del usuario.La medida tiene como objetivo principal disminuir los fraudes electrónicos y dar mayor control a los clientes sobre sus movimientos financieros. No obstante, es importante aclarar que este mecanismo de seguridad no está relacionado directamente con el pago de impuestos ni con las obligaciones fiscales ante el SAT. YC