En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó la supervisión sobre las pequeñas y medianas empresas mediante sistemas tecnológicos avanzados que analizan operaciones financieras en tiempo real. La autoridad dejó claro que el nivel de ingresos ya no reduce el riesgo de revisión: hoy, el factor decisivo es la calidad y coherencia de la información fiscal.El nuevo enfoque se basa en perfiles de riesgo automatizados. Cualquier inconsistencia entre ingresos declarados, CFDI emitidos, deducciones aplicadas o movimientos bancarios puede activar auditorías digitales inmediatas. Para muchas pymes, que aún dependen de procesos manuales o asesoría limitada, un error mínimo puede derivar en problemas graves de cumplimiento.El impacto va más allá de las multas. Una discrepancia fiscal puede frenar devoluciones de impuestos, afectar la liquidez y deteriorar el historial ante instituciones financieras, bloqueando el acceso a créditos y limitando el crecimiento del negocio. En casos críticos, estas fallas pueden comprometer la continuidad de la empresa.La normativa vigente establece sanciones que van de 2,050 a 50,700 pesos por errores u omisiones, entre ellos no habilitar el Buzón Tributario, clasificar incorrectamente gastos o reportar ingresos que no coinciden con los comprobantes fiscales.Aunque solo una parte del padrón será auditada de forma directa, la selección no es aleatoria. El SAT prioriza datos inconsistentes y deducciones fuera del giro económico declarado. En este contexto, la declaración anual se convierte en un indicador central de la salud financiera.La recomendación es clara: conciliaciones mensuales, contabilidad electrónica alineada con la realidad bancaria y atención permanente a las notificaciones fiscales. La prevención se consolida como la principal estrategia para evitar sanciones que pongan en riesgo el patrimonio de las pymes mexicanas.SV
