La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, acusado de extorsión y de presuntos nexos con la delincuencia organizada, así como el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, con antecedentes penales, reavivaron un debate incómodo, pero urgente: la debilidad de los filtros legales y partidistas que permiten que personas con historial delictivo accedan a cargos de elección popular.Ambos casos no son hechos aislados. En 2025 también fue detenido José Ascensión Murguía, entonces presidente de Teuchitlán, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Estos episodios han encendido alertas sobre la captura de espacios de poder por redes ilícitas y la necesidad de una reforma electoral de fondo.El gobernador Pablo Lemus se pronunció a favor de establecer “candados suficientes” en la próxima reforma electoral federal, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes delictivos o presuntos vínculos criminales participen en decisiones legislativas o ejecutivas. “Nunca se sabe para quién trabajan: si para la ciudadanía o para los delincuentes”. Especialistas coinciden en que el marco legal actual es insuficiente y exigen una reforma contundente.Arturo Villarreal, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, subrayó que la legislación vigente no prohíbe expresamente que personas con antecedentes penales sean candidatas. “Tiene que reformarse, porque hoy simplemente no lo impide”.El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco confirmó que entre los requisitos para registrarse como candidatos no se encuentra la presentación de una carta de no antecedentes penales, lo que explica por qué, en casos como el de Almaguer, no hubo irregularidades en su registro.Dirigentes partidistas reconocen la omisión y exigen cambios desde el Congreso de la Unión. Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y Laura Haro, del PRI, coincidieron en la necesidad de modificar la ley. Haro adelantó que su bancada presentará una iniciativa para endurecer los requisitos y establecer filtros obligatorios.Desde la academia, Luis Campos, de la Universidad Panamericana, advirtió que incluso con reformas legales, la responsabilidad central seguirá recayendo en los partidos políticos, quienes deben decidir a quién postulan y aplicar filtros éticos reales, no sólo formales. En contraste, Harold Dutton, de la UdeG, alertó que un exceso de restricciones podría derivar en litigios por presuntas violaciones a derechos humanos, lo que obliga a un diseño jurídico cuidadoso.La discusión no es exclusiva de México. Países como Colombia y Brasil han incorporado figuras como la inhabilitación automática para competir cuando existen sentencias firmes por corrupción, delincuencia organizada o delitos graves. Estos modelos buscan proteger la integridad democrática sin criminalizar la competencia electoral.En México, el reto es equilibrar los derechos políticos con el interés público. Los casos recientes muestran que dejar la ética en manos de la buena voluntad partidista ya no es suficiente. Sin reformas claras y filtros efectivos, la democracia seguirá expuesta a que el poder público sea ocupado por quienes deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia.LAS POSTURASPara la dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, los partidos políticos deben establecer mayores filtros y garantizar a la ciudadanía los mejores perfiles para competir por cargos de elección popular. Esto, tras la detención del alcalde de Tequila, Diego “N”, por extorsión y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, así como el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, con antecedentes penales.Flores señaló que los partidos deben contar con filtros claros, una mayor altura de miras y un compromiso ético con la ciudadanía. Aclaró que el debate no se centra en la prescripción de delitos.El PRI Jalisco busca incrementar los requisitos para quienes aspiren a cargos de elección popular en el Estado. La dirigente priísta, Laura Haro, señaló que la bancada tricolor en el Congreso de Jalisco prepara una iniciativa de reforma a la Constitución local para endurecer los criterios de elegibilidad y garantizar mejores perfiles.Planteó que existan mayores exigencias para ocupar un encargo público, incluidos exámenes de control y confianza, similares a los que se aplican a policías. Como ejemplo, indicó que en el PRI se solicita carta de no antecedentes penales para registrar candidaturas.El presidente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Collín, sostuvo que los partidos políticos deben asumir una responsabilidad directa en la selección de candidaturas y establecer filtros claros para evitar perfiles vinculados con actos ilegales. Señaló que el problema no es solo legal, sino ético, incluso cuando existe presunción de inocencia, como en el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien permaneció en el cargo pese a investigaciones en curso.Consideró que, ante denuncias graves, lo razonable es separarse temporalmente del cargo para no dañar la confianza ciudadana. Añadió que los partidos deben informar con transparencia.Érika Pérez, presidenta de Morena, fue consultada para conocer la postura del partido ante los señalamientos y propuestas planteadas, pero hasta el cierre de esta edición no emitió respuesta ni fijó una posición pública.México se ubica entre los 15 países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2025. Y aunque pareciera que en México los delincuentes no obtienen un castigo, en las últimas dos décadas se han registrado casos en los que exfuncionarios sí fueron detenidos, procesados y sentenciados por diversos delitos.Uno de los casos más emblemáticos es el de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz (2010–2016), quien fue acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras detectarse el desvío de miles de millones de pesos mediante empresas fantasma. A ello se sumaron investigaciones periodísticas y penales relacionadas con la adquisición de medicamentos falsificados para el sector salud. Fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México, donde se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión, además del decomiso de bienes.Otro caso y otro “Duarte” es el de César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, quien enfrentó acusaciones por peculado agravado y asociación delictuosa. La Fiscalía estatal documentó el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a un banco del que era accionista, así como la existencia de una “nómina secreta” destinada al pago de actores políticos y medios de comunicación.Duarte fue detenido en Miami en 2020 por autoridades estadounidenses y extraditado a México en 2022, y actualmente enfrenta diversos procesos penales en el ámbito local.El caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas (1999–2004), es otro de los casos que atrajo la atención mediática, aunque la justicia fue impartida por autoridades extranjeras, debido a que Estados Unidos lo acusaba de lavado de dinero y conspiración para introducir recursos del narcotráfico al sistema financiero de ese país.Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, en 2017, tras ser requerido por autoridades de EU por delitos relacionados con lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales. Fue extraditado a territorio estadounidense en 2018, donde se declaró culpable y recibió una sentencia de prisión.En Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, gobernador de 2011 a 2016, fue acusado de desempeño irregular de la función pública, lavado de dinero y venta ilegal de terrenos propiedad del estado a precios por debajo de su valor comercial. Fue detenido en Panamá en 2017, cuando intentaba viajar a Europa, y posteriormente extraditado a México.También ligado a Quintana Roo estuvo Mario Villanueva Madrid, procesado años antes por delitos relacionados con el narcotráfico, convirtiéndose en uno de los primeros exgobernadores sentenciados por ese tipo de vínculos. A Villanueva Madrid se le señaló por vínculos con el Cártel de Juárez. Tras huir en 1999, fue capturado en 2001 y extraditado a EU en 2010 por lavado de dinero.Fue repatriado en 2017 y actualmente cumple prisión domiciliaria en Chetumal, aunque recientemente autoridades federales promovieron una impugnación legal para que regrese a prisión tradicional.En el ámbito municipal, y particularmente en Jalisco, uno de los hechos más recientes es la detención de Diego Rivera Navarro, aprehendido en el marco de la Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el pasado 5 de febrero, al ser señalado por actos de extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación. Sin embargo, en mayo de 2025, la FGR también detuvo al presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, a quien se le vinculó con el Rancho Izaguirre, utilizado por el mismo grupo criminal como centro de reclutamiento, caso que tuvo repercusión internacional.A nivel nacional, uno de los casos más conocidos es el de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, detenido en 2014 tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las investigaciones federales lo relacionaron con el grupo criminal Guerreros Unidos. Aunque no ha sido sentenciado por desaparición forzada, permanece en prisión por otros delitos.Otro caso emblemático es el de Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, exalcalde de San Blas, Nayarit, quien en 2014 reconoció públicamente el desvío de recursos municipales. En 2021 fue sentenciado por ejercicio indebido de funciones, tras comprobarse irregularidades en la venta de un terreno municipal.En Michoacán, Uriel Chávez Mendoza, ex alcalde de Apatzingán, fue detenido en 2014 por extorsión y presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios. En la Ciudad de México, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, fue vinculada a proceso en 2022 y evitó la prisión mediante un acuerdo reparatorio. Casos similares se han registrado en Nuevo León y Baja California.Desde su creación en 2015, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha cumplido con el objetivo para el que fue diseñado. A más de nueve años de su puesta en marcha y pese a ajustes en Entidades como Jalisco, el balance sigue siendo negativo. Así lo explicó Jesús Ibarra, coordinador del Observatorio Judicial del ITESO, quien señaló que el problema no es solo operativo, sino estructural, pues nunca se dotó al sistema de facultades reales para actuar contra la corrupción.Indicó que el sistema funciona como un mecanismo de coordinación sin capacidad de decisión ni coerción, dependiente de la voluntad política de sus integrantes y sin presupuesto propio ni competencias claras, lo que ha derivado en una simulación institucional. Cada autoridad conserva funciones aisladas, sin un eje rector que articule acciones ni sanciones.Ibarra sostuvo que el problema es aún más profundo, ya que la corrupción forma parte del funcionamiento del sistema político. Las instancias encargadas de fiscalizar y sancionar carecen de incentivos para combatir una corrupción que financia campañas y gobiernos. Afirmó que una reingeniería superficial sería insuficiente, pues implicaría enfrentar intereses arraigados en partidos y congresos, aunque recordó que existen ejemplos internacionales de reformas de fondo exitosas.Por su parte, Lucía Almaraz, académica de la Univa, coincidió en que los sistemas anticorrupción no están dando resultados y han derivado en esquemas de simulación que diluyen responsabilidades. Señaló que el diseño fragmentado impide facultades propias de investigación y sanción, y que la captura política de los procesos de designación debilita su legitimidad. Planteó la necesidad de una reestructuración profunda.PARA SABEREl fortalecimiento de los comités de participación ciudadana es clave para que el sistema recupere su función crítica y se convierta en un contrapeso efectivo.
