Si la inseguridad fue señalada como la principal preocupación de los habitantes de la Zona Metropolitana antes de las pasadas elecciones, se comprende que la actual administración haya asignado a ese tema el primer lugar entre sus prioridades, y que a tratar de atenuarlo haya orientado buena parte de sus afanes…Sin embargo, cacarear “avances” en esa materia, cuando apenas han transcurrido tres meses y seis días desde que la estafeta cambió de manos en el Gobierno de Jalisco, es prematuro… y más a partir de datos tan precarios e inconsistentes como los que se han manejado para comparar la notoria ineficacia de los que se fueron, con la discutible eficiencia de los recién llegados.-II-En el rubro de robo a vehículos particulares hay datos sólidos, porque hay denuncias. Que el promedio haya bajado, de 54.9 a 49.2 robos diarios, no necesariamente demuestra que se estén tomando las medidas preventivas adecuadas para reducir ese delito. Haría falta aportar la cifra de vehículos recuperados en ese mismo lapso…, y, sobre todo, de ladrones que hubieran sido detenidos o bandas que hubieran sido identificadas y desmanteladas.En otros renglones, como el robo a personas o a casas habitación, hay un subregistro de origen. Las víctimas de esos delitos, en la mayoría de los casos, se abstienen de presentar denuncias; en muchos casos, porque la experiencia demuestra que hacerlo representa una serie de molestias al cabo de las cuales las posibilidades de que el delito se investigue, se esclarezca y se identifique; que se detenga, se procese y se sancione al delincuente, y que se recupere lo robado, son prácticamente nulas; y en muchos otros, por temor a represalias de los hampones.-III-Por contrapartida, en delitos como homicidio o lesiones dolosas, se admitió que “hubo un ligero aumento”. Se consigna que se han abierto 242 “carpetas de investigación” en las que puede haber una o varias víctimas.Por lo demás, el promedio diario de esos delitos tiende a subir. El fenómeno se explica porque la única manera de abatir esos hechos consistiría en demostrar que las autoridades judiciales son aptas para investigar y llegar en la mayoría de los casos -¡no en menos del 5% como sucede actualmente!-, en efecto, “hasta las últimas consecuencias”.Mientras la impunidad siga siendo la regla y el castigo la excepción, los potenciales delincuentes saben que la posibilidad de que algún día sean identificados, detenidos, procesados y sentenciados, es prácticamente nula.
