Los incondicionales al gobierno estatal en el Poder Judicial, y que llegaron ahí por el apoyo del partido Movimiento Ciudadano, entre los que figura el propio magistrado Presidente Daniel Espinosa Licón y la mayoría de las y los consejeros de la Judicatura, como Iván Novia Cruz, Claudia Rivera Maytorena y Tatiana Anaya Zúñiga, que fueron impuestos de madrugada en un muy desaseado proceso por la mayoría naranja y sus aliados panistas, se metieron de lleno al conflicto que ha escalado en las últimas semanas entre el gobierno de Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara.El hecho de que la mayoría de los 15 jueces de primera instancia que fueron sorpresivamente cambiados de adscripción el miércoles pasado y enviados de juzgados metropolitanos a municipios lejanos fueran cercanos al grupo que lidera el ex rector Raúl Padilla López, fue leído como un nuevo embate que se orquestó desde el gobierno estatal gracias al control que ejercen dentro del Poder Judicial. Aquí lo preocupante no sólo es que se haya actuado por consigna y violando los derechos de los jueces al no seguir los procedimientos que establece la Ley para los cambios, como la aprobación previa en la Comisión de la Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación donde se analizan y se argumentan los motivos de estas remociones, sino la clara sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo que pone en entredicho aún más la división de poderes y la presunta autonomía judicial.Así, el pleito entre el gobierno estatal y la UdeG llegará a los tribunales, no sólo por los amparos que tramitarán los jueces afectados para impugnar lo arbitrario de sus cambios, sino por la controversia constitucional que seguramente presentará la casa de estudios ante la respuesta que les dio ayer la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de que no repondrá los 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, del Centro Cultural Universitario que fue el origen del conflicto.A decir de esta dependencia, la reasignación de recursos al Hospital Civil no vulnera la autonomía universitaria ni es ilegal como reclaman las autoridades de la casa de estudios, y les sugiere “respetuosamente” utilizar mil 200 millones de pesos, que aseguran, tienen disponibles para seguir la construcción del museo, cuyas obras se van a auditar a propuesta de la bancada emecista en el Congreso, que se tomó también como otro obús al grupo UdeG.Así, pues, con la insistencia del gobierno estatal a la quita del dinero al Museo y la intervención del Poder Judicial en el conflicto, es claro que no hubo el alto en el camino que pidió el rector general Ricardo Villanueva al gobernador y que en el gobierno estatal ahora que tienen comunicación abierta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es tiempo de tregua.jbarrera4r@gmail.com
