Terminamos. Los últimos 45 días estuve participando en la Comisión de Selección que evaluó, eligió y nombró a los cinco miembros del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Durante este mes y medio decidí no tocar el tema en este espacio para no contaminar el proceso con opiniones. A los nueve (Roberto Arias, Juan de la Borbolla, Marisa Lazo, Raúl Quintero, Mara Robles, Héctor Robles, René Rivial, Isabel Sepúlveda y yo) se nos encargó la selección de un comité con dos características: que fuera multidisciplinario y con perspectiva de género. Esto es, no solo se trataba de encontrar los mejores perfiles sino los mejores perfiles para participar en un Comité. El resultado, gracias a una metodología diseñada exprofeso por la Comisión Nacional, resultó muy positivo. Hay, por supuesto, algunos enojados y otros muy enojados, pero para bien nuestro los enojados son los que deben estar enojados. El gran reto ahora es para el Comité. Ellos, Jorge Alberto Alatorre (primer presidente por un año), Freddy Mariñez, Lucía Almaraz, Annel Vázquez y José de Jesús Ibarra, van a trabajar bajo el yugo del tiempo y con gran presión política en la revisión de nombramientos de los magistrados de la sala superior del Tribunal Administrativo, de los contralores de las OPD y del auditor del Estado y, además, elegirán la terna de la que el gobernador tendrá que escoger al fiscal anticorrupción. Dicho en otras palabras, su trabajo es representar a los ciudadanos para que estos nombramientos respondan a una lógica técnica e institucional y no al sistema de cuotas y cuates. En enero, además, el presidente del Comité coordinará el Sistema Anticorrupción y el Comité en pleno deberá comenzar a diseñar las políticas públicas y sistemas para combatir la corrupción a mediano plazo.Para que el Comité funcione necesitará que la sociedad los apoye en dos cosas. Primero, arropándolos, empoderándolos, frente a los poderes constituidos y los poderes fácticos del Estado, que buscarán, a como dé lugar presionarlos y obstaculizarlos para que en estos puestos quede gente afín a ellos. Y, segundo, entendiendo cuál es su papel. Si comenzamos a exigirles que los resultados se traduzcan en número de personas encarceladas, si nos metemos y los metemos en una lógica de venganza y no de justicia y construcción de justicia, el Comité no va a funcionar y solo habremos abonado a esparcir la desesperanza. El Comité de Participación Social no es una fuente de deseos, es una posibilidad, quizá la última, de construir una institucionalidad que permita detectar y castigar la corrupción, pero sobre todo evitarla, y eso no se construye en un año ni dos.
