Miércoles, 11 de Febrero 2026

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Desaparecidos: riesgo de otro rasuramiento

Por: Rubén Martín

Desaparecidos: riesgo de otro rasuramiento

Desaparecidos: riesgo de otro rasuramiento

Se cumple casi un año y medio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no se vislumbra que se dé un giro en la política contra la desaparición de personas en México que sea favorable a las familias de las víctimas, al contrario. Las declaraciones de la titular del Ejecutivo el pasado martes parecen anticipar que la anunciada revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) podría terminar con el rasuramiento de las cifras totales de personas ausentes en todo el país.

Como se sabe, en este momento México es, junto con Siria, el país con más personas desaparecidas en todo el mundo. Al día de ayer, el RNPDNL reportaba 132 mil 082 personas desaparecidas en toda la República, pero si nos atenemos a las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ayer, el registro podría sufrir una disminución sensible. Durante la conferencia de prensa de ayer, la presidenta fue interrogada sobre un reporte de la organización civil México Evalúa que asentaba que en una década las desapariciones habían aumentado 213% al pasar de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 en 2025. 

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que está pendiente un informe sobre los desaparecidos en el país. “Estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar ya toda la información”. Pero adelantó que el RNPDNL tiene muchas inconsistencias, como que algunos registros no cuentan siquiera con el nombre completo. Y luego explicó qué es lo que se está revisando del registro nacional: “Lo que vamos a presentar es: cuántos de los registros tienen información completa. Cuántos de esos registros que tienen información completa tienen carpetas de investigación. Y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas, porque en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado, a partir del registro completo que viene ahí”.

No solo es loable que se revise la base de datos y la confiabilidad del registro nacional de personas desaparecidas, de hecho es un mandato de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, pero en la práctica no se cumple. El mejor ejemplo (es decir, el peor) es Jalisco pues en el RNPDNL se reportaban ayer 12 mil 681 casos cuando el Registro Estatal de Personas Desaparecidas reportaba 16 mil 079 personas desaparecidas, ¡una diferencia de 3 mil 398 casos que no debería existir!

La Ley General en Materia de Desaparición de Personas es muy clara y precisa al respecto de las obligaciones que tienen todas las autoridades federales y estatales de mantener actualizado el registro federal. ¿Cómo es posible que se haya permitido que el gobierno de Jalisco, entonces encabezado por Enrique Alfaro, haya dejado de reportar los casos estatales al registro federal desde hace casi cuatro años? Pero no sólo es Jalisco el que ha dejado de reportar casos. Se han denunciado graves anomalías en otras entidades, como Baja California. 

Volviendo a las declaraciones de la Presidenta, es pertinente y necesario realizar una revisión exhaustiva del registro nacional, pero de sus declaraciones parece desprenderse que da por anticipado que habrá una reducción significativa porque supuestamente no se han dado de baja casos de personas que ya fueron encontradas pero especialmente porque parece indicar que en el registro únicamente se incorporarán los casos de personas desaparecidas que cuenten con una carpeta de investigación, es decir, que se hayan presentado denuncias ante las respectivas fiscalías estatales. Pero quienes hayan escuchado a las familias de las víctimas y a los voceros de los colectivos de familias organizadas sabrán que no en todos los casos se presentan denuncias, por diversas razones, entre ellas por temor de ser expuestas ante los grupos de la delincuencia organizada que muchas veces están detrás de las desapariciones. 

Se dirá que es exagerada esta precaución de no presentar denuncia, pero conozco un caso de un familiar que pidió apoyo para la búsqueda de su sobrino ante el gobierno, y después de acudir a la fiscalía le llegó una amenaza de que no se presentara al pueblo donde su familiar había sido desaparecido. Para esta persona, eso demostraba colusión entre autoridades y los grupos que realizaron las desapariciones en esa localidad. ¿Cuántos casos semejantes no ocurren en todo el país? Por casos como este, el registro nacional no debe circunscribirse solamente a los casos que cuentan con carpeta de investigación. 

Si la revisión que anunció la Presidenta el martes (que será presentada este mes) apunta en esa dirección, estamos en camino de un fuerte rasuramiento de los datos de desaparecidos en el registro nacional. Si eso ocurre, estaríamos ante un grave retroceso en la política nacional contra las desapariciones, y sería un golpe grave a las esperanzas de las familias que con toda su voluntad buscan a sus desaparecidos.

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