Viernes, 13 de Marzo 2026

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El lado oscuro del Plan B

Por: Diego Petersen

El lado oscuro del Plan B

El lado oscuro del Plan B

¿Quién puede estar en contra de que se reduzca y se estandarice el número de regidores en los ayuntamientos? Salvo los regidores que viven de ello, para la mayoría de los ciudadanos tres son demasiados, no digamos 32, como es el caso de Puebla. Los regidores son con mucho la figura más inútil de la política nacional. Son electos por lista, no de manera directa, quien gana la elección tiene en automático mayoría, con lo que aseguran no tener problemas (salvo, claro, que haya broncas al interior del propio partido). 

Su función es legislativa y cuando se lo toman en serio el costo para el ciudadano es altísimo, pues les da por regular las cosas más absurdas, como vender elotes el Día del Grito (esto sucedió en Durango en 2013), prohibir quedarse más de 15 minutos sentado en una banca de un parque (sucedió en Tapachula, Chiapas) o multar y meter a la cárcel a quien se colara a una fiesta a la que no había sido invitado (esta fue idea de regidores de Actopan, Hidalgo), etcétera. ¿Quién se opone a que se regule el gasto de los Congresos locales?

Nadie en su sano juicio estará en contra de que se limiten sueldos, bonos, prebendas y asesores. Los Congresos locales han sido un mar de corrupción e irregularidades administrativas para lo cual, curiosamente, siempre se ponen de acuerdo todos los partidos. Dicho esto, la siguiente pregunta es ¿Qué hacemos con el federalismo? ¿De una vez lo damos de baja y le quitamos a los Estados su autonomía?

El otro gran eje tiene que ver con permitir que los temas electorales puedan ir a consulta popular. La única pregunta que le interesa a la Presidenta es si se está de acuerdo en que se reduzca el presupuesto a los partidos. Ahórrense una consulta cuyo único objetivo es restaurar el abollado ego de la presidenta. La respuesta es sí.

¿Y luego? Parafraseando a Churchill, podemos decir que dar dinero público a los partidos es la peor forma de financiar a las organizaciones políticas, exceptuando todas las demás.

Todo este circo para llegar a lo que realmente les interesa que es adelantar al 2027 la consulta de revocación de mandato para tener a la Presidenta en la boleta. Para evitarse el gasto y el desgaste de recolectar firmas ahora la revocación la podrá pedir el pueblo, o el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidenta. ¿Por qué un presidente o presidenta tendría interés en hacer una consulta para su destitución? Tendría sentido la reforma si la facultad se la dieran a la Cámara de Diputados, que es, a quererlo o no, la representación oficial del pueblo. Pero no se trata de eso, sino de un vulgar acto de propaganda.

Propuesta. Y si dejamos a nuestra democracia en paz y nos concentramos en los problemas que sí importan.

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