Hay un cambio evidente en la estrategia de comunicación del Gobierno federal respecto al combate frontal al crimen organizado. A diferencia de otros sexenios, cuando se detenía y/o se mataba a una cabeza del crimen organizado, el Gobierno mexicano hacía gala de la violencia mostrando las armas, el dinero y drogas incautadas y, por supuesto, la foto, fuera del cadáver del capo caído o vencido. El summun de dicha política fueron las fotos de “El Barbas”, muerto en diciembre de 2009 a manos de la Marina: tirado en el piso, las manos en cruz, con los pantalones en las rodillas y el rostro ensangrentado. Para una segunda toma los marinos, que comandaron dicha operación, cubrieron el cuerpo de billetes de quinientos. Quisieron mandar el mensaje del poderío del Estado frente al crimen organizado. Del otro lado el mensaje fue recibido como una declaración de guerra.De “El Mencho” no hemos visto una sola foto de su cadáver, solo las de su altar y su nómina, y por el contrario vimos a la Guardia Nacional cuidando respetuosamente su funeral e inhumación. A nadie le interesaba que pasara algo durante las exequias del capo. Seguramente en la funeraria o en el panteón había más de alguno con orden de aprehensión, pero fue evidente que el gobierno mexicano quiso enviar un mensaje de tregua para evitar violencia.A la plausible prudencia le falta, sin embargo, mucha transparencia. Diez días después de la captura y muerte del capo de las Cuatro Letras no nos han dicho quiénes son los otros detenidos que murieron en el helicóptero, ni si las famosas nóminas encontradas por los periodistas (o entregadas en mano por el Ejército) son reales y qué harán el Gobierno federal y los estatales con dicha información. Las fotografías circuladas no muestran enfrentamiento ni destrozos por las balas, solo imágenes de vida cotidiana. Es evidente que hay un cambio en la política de persecución a delincuentes de alto impacto, que hay muchos más detenidos que en el sexenio de López Obrador, pero no nos dicen cómo van las causas, si se está juzgando o no a los detenidos o sólo están en las cárceles merced al aumento al catálogo de prisión oficiosa. Claramente el objetivo es combatir las cabezas del crimen para cumplir la exigencia de Estados Unidos, sin parecerse a la guerra del sexenio de Calderón. Cada día hay más evidencias de que están manipulando la estadística a través de clasificar las muertes en los servicios médicos forenses (ayer mismo “Animal Político” y el periódico “Noreste” publicaron un excelente trabajo demostrando la burda manipulación estadística en Sinaloa). La nueva narrativa oculta más de lo que muestra. La prudencia, que se agradece, no debe matar la transparencia.
