Dos días bastaron para reunir más de 3 mil 369 firmas de la ciudadanía, las mínimas necesarias para impulsar un referéndum estatal que someta a consulta el tarifazo del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.Se trata de uno de los nueve mecanismos de participación ciudadana en Jalisco. El referéndum estatal, en este caso, somete a votación una ley o disposición legal para suspenderla. La ciudadanía podría revertir el tarifazo, siempre y cuando ocurra lo siguiente:Una vez reunido el mínimo de firmas -el 0.05% de la lista nominal de electores- a través de la plataforma en línea Fírmale! del IEPC Jalisco (iepcjalisco.org.mx/firmale), el organismo las valida ante el INE.Después el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza debe determinar si procede el referéndum estatal.La estructura del Consejo es clave: apenas tres asientos son para funcionarios -incluida la secretaria Cinthya Cantero, un diputado y un consejero electoral- frente a doce espacios ciudadanos que abarcan desde la academia y el sector empresarial hasta representantes de pueblos originarios y la comunidad LGBTQ+.De superar esta estafeta, el IEPC Jalisco tendría tres meses, una vez declarada la procedencia, para organizar el referéndum en todo el estado.Para que sea válido y revierta el tarifazo debe participar por lo menos el 33% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, y que más del 50% emita su voto en contra del alza.Eso obligaría al gobierno a revertirlo, sin embargo…La Ley de Participación Ciudadana de Jalisco indica que el referéndum no aplica cuando la norma o ley tenga “carácter contributivo”, es decir, impuestos o cualquier carga tributaria.¿La tarifa del transporte público podría considerarse una contribución para garantizar un servicio público?En la figura del plebiscito, la ley indica claramente que no pueden someterse a consulta un precio o tarifa.Sin duda, existe un margen de interpretación y el riesgo de que se judicialice y rechace el referéndum.El último obstáculo es político. Las diputadas de Futuro Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas habilitaron el referéndum.La ley las faculta, pero se adelantaron (¿oportunismo?) a los colectivos que valoraban un mecanismo de participación ciudadana. El hecho de que se conviertan en las promoventes de la iniciativa habilita el discurso oficial que acusa intenciones políticas detrás y minimiza la organización ciudadana.En este caso, el papel de la clase política era prescindible pues el IEPC Jalisco con su plataforma Fírmale! permite que cualquier ciudadano inicie un mecanismo como un referéndum.En mi columna “Tu superpoder ciudadano” expliqué esta extraordinaria oportunidad para impulsar mecanismos de democracia directa y para que participemos en las decisiones públicas sin necesidad de recolectar miles de firmas de manera presencial.No obstante, la buena respuesta al referéndum habla de una apropiación ciudadana del mecanismo que, por ahora, pone en primer plano lo importante: la consulta de una decisión que afecta a millones.La mesa está puesta. Queda en manos del Consejo definir si la ley se utiliza para empoderar al ciudadano o como un laberinto jurídico para proteger el tarifazo.
