Ni en la época dorada del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) de 1997 al 2023, al que el oficialismo de la 4T inició su estrategia de captura del órgano electoral, se pudo lograr una buena fiscalización del gasto de los partidos políticos que impidiera la llegada de dinero del narco a estos institutos políticos y sus candidatos y candidatas.Por eso, ante las presiones del Gobierno de los Estados Unidos por un mayor combate a los cárteles de la delincuencia organizada y otras voces que desde aquel país y el nuestro señalan que desmantelar a esas mafias pasa primero por detener a los miembros de la clase política y gubernamental que les dan protección, será muy interesante analizar qué propone en materia de fiscalización a los partidos políticos la reforma electoral que planteará en los próximos días la Presidenta Claudia Sheinbaum.Porque los llamados topes de campaña siempre han quedado como una gran simulación, ya que los partidos políticos y sus aspirantes a algún cargo de elección popular los ignoran y porque las autoridades electorales se quedan cortas en materia de revisión del gasto en las campañas.Estas violaciones a la ley electoral, que se repiten cada proceso electoral y quedan olímpicamente impunes, quedaron claramente expuestas en un libro publicado por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) luego del proceso electoral del 2018, titulado “Dinero bajo la mesa. El financiamiento ilegal de las campañas”. El cálculo, en este estudio, es que por cada peso que los partidos políticos reportan a las autoridades electorales como gasto de campaña, hay otros quince pesos que no se declaran.Es evidente que gran parte de ese financiamiento oculto proviene de los grupos de la delincuencia organizada, por cómo se han ido convirtiendo en un factor decisivo en la postulación de candidatos y luego en la conformación de los gobiernos, para que trabajen por sus intereses en detrimento de la población. Los casos de los narcogobiernos por los que se acusó y se detuvo a los alcaldes de Teuchitlán y Tequila, ilustran claramente ese fenómeno de colusión que se da también en áreas del Gobierno federal y los gobiernos estatales.Urge, pues, que la próxima reforma electoral de mayores dientes a las autoridades electorales, nacionales y locales, para que afinen sus esquemas de fiscalización, pero sobre todo se animen a sentar precedentes con sanciones rigurosas que inhiban estas malas prácticas de los partidos, que abren los circuitos de corrupción y lavado de dinero de las mafias que luego someten a los gobiernos, como ya nos pasa, al grado de ser hoy la mayor amenaza a la soberanía del país.jbarrera4r@gmail.com
