María Amparo Casar, presidenta de un organismo contra la corrupción y crítica del régimen, será acusada por la FGR este martes ante un juez por un acto de corrupción.Esta es la historia.Carlos Márquez, esposo de Amparo Casar, murió en octubre de 2004 al caer del piso 12 de una torre de Pemex en donde había entrado a trabajar cuatro meses antes.Sin que se determinara si se había tratado de un suicidio, un accidente o un homicidio, Amparo Casar solicitó un día después a Pemex la pensión por viudez y el pago del seguro de vida, mismos que recibió de forma expedita ese mes, según el Gobierno federal.Hasta el año pasado había cobrado 31 millones de pesos (mdp) por concepto de pensión a razón de 125 mil pesos mensuales más 17.6 mdp por el seguro de vida.En el momento del deceso de su marido, Amparo Casar era coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación a cargo de Santiago Creel, el segundo hombre más poderoso en el sexenio de Fox.Con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, el caso regresó al ojo público después de que lo ventiló López Obrador durante una mañanera el año pasado.La FGR sostuvo en días pasados que no actúa por consigna y que la carpeta de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue judicializada en septiembre de este año (cuando aún estaba Gertz al frente) y la audiencia ante el juez se programó para mañana martes.Allí, la académica será acusada por la FGR por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”.Si es hallada culpable, la pueden encarcelar hasta 12 años y, según especialistas, obligarla a regresar el dinero que recibió del erario. Al ser un delito menor, enfrentará el juicio en libertad.La versión del Gobierno indica que Amparo Casar manipuló el expediente de su esposo para hacerlo pasar por un accidente y no un suicidio, y usó sus influencias para agilizar y hacer válida una pensión irregular.Aun si aceptamos la versión del accidente (en caso de suicidio es improcedente el seguro de vida), el esposo de Amparo Casar llevaba apenas 129 días trabajando en Pemex, la pensión se autorizó con una rapidez inusual y ella era una alta funcionaria federal.Esa combinación, por sí sola, no prueba un delito, pero sí justifica que el caso despierte sospechas legítimas y amerite una revisión a fondo.Por otro lado, si en una dependencia con recursos limitados y más de 36 mil carpetas de investigación pendientes de resolver en 2024, como reportó el Inegi, la FGR de Gertz o de Godoy, da lo mismo cuál, puso el reflector en Amparo Casar, esa elección es inevitablemente política.Que lo sea no cancela la posibilidad de un delito; lo que sí plantea es otra pregunta incómoda: por qué este caso, por qué ahora y por qué ella. Ahí es donde la frontera entre justicia y venganza se vuelve difusa.Finalmente, este caso deja claro que nadie puede presumir una pureza moral. Ni un gobierno que selecciona con lupa a quién investigar y cuándo hacerlo, ni una figura pública cuya historia patrimonial está llena de zonas grises.
