De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Mexicana, los legisladores tienen un papel clave como poder revisor cuando se presentan propuestas de reforma constitucional. De acuerdo con los protocolos constitucionales, cuando el documento llega a la Cámara de Diputados, primero debe analizarse en las comisiones correspondientes al tema, en donde hacen las recomendaciones pertinentes, para posteriormente pasar al pleno, en donde deberá discutirse el contenido de la propuesta, justificar la necesidad del cambio y poder proponer ajustes. Una vez completado el proceso, pasará a votación, en donde se requerirá del voto favorable de dos tercios de los miembros de la Cámara para su aprobación y, como paso final, turnarlo a las legislaturas estatales, en donde será necesario que la mayoría -la mitad más uno- le den luz verde para ratificarla oficialmente.Bueno, pues aparentemente lo que dice la Constitución “les vale” a los diputados de Morena, ya que por “órdenes superiores” no le van a mover “ni una coma” a la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que el próximo martes estará llegando a la Cámara de Diputados. El jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, fue muy obvio con el destino de la propuesta de reforma que están a punto de recibir: “El acuerdo es unánime del grupo parlamentario de Morena, de que como venga -Ojo, “como venga”- la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer un esfuerzo por convencer a los aliados PT -Partido del Trabajo- y Verde, con quienes estamos conversando”.Los procesos legislativos son muy claros. La responsabilidad de la Cámara receptora de las propuestas es analizar, debatir y aprobar, creando consensos para cualquier modificación constitucional para reflejar un acuerdo nacional y que los cambios no sean solo el deseo o voluntad de una persona o de un grupo. La reforma electoral, de la que no se tienen detalles hasta el momento, sólo generalidades, representaría una sacudida al sistema por la reducción de costos en los procesos electorales, disminución al financiamiento de los partidos y recorte al número de legisladores plurinominales, así como una reconfiguración del Instituto Nacional Electoral (INE) con ajustes severos. Un cambio de esta naturaleza requiere de un profundo análisis legislativo y no de actuar con irresponsabilidad y ligereza, y aprobarlo “como venga”, según dijo el “ilustre” coordinador legislativo morenista.Usted, ¿qué opina?daniel.rodriguez@dbhub.net