En la sociedad mexicana existe una espiral de problemas profundamente arraigados que afectan a todos los niveles y sectores. Entre ellos destacan las dificultades económicas, el acceso limitado a servicios básicos y la incapacidad estructural de los gobiernos para atenderlos. Sin embargo, pocos fenómenos generan tanto desequilibrio como la inseguridad.Desde que un ciudadano aborda alguna de estas problemáticas para señalar abusos o arbitrariedades en las decisiones de las autoridades ya debería ser considerada una manifestación legítima, porque de lo contrario, como sociedad, estaríamos tapando nuestros ojos a las realidades que requieren atención gubernamental.Hace aproximadamente catorce años, Andrés Manuel López Obrador observó esta espiral de demandas sociales que impulsaban a millones de personas a movilizarse. En un contexto dominado por la indignación ante la inseguridad, la corrupción y la desigualdad, su propuesta política articuló el malestar colectivo y lo transformó en un movimiento electoral. El discurso que llevó a Morena al gobierno prometía justamente atender ese clamor extendido por justicia, dignidad y seguridad.Dejando a un lado lo ocurrido en la primera administración, la coyuntura que nos ocupa es la llegada del segundo mandato de Morena, ahora encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y este nuevo Gobierno celebra la continuidad de un proyecto político que hoy controla o influye decisivamente sobre los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ese triunfo electoral contrasta con una realidad que no ha cambiado sustancialmente. Los problemas económicos persisten, la inseguridad continúa, las desigualdades siguen marcando la vida cotidiana y, frente a ello, los ciudadanos —dentro y fuera de la capital— mantienen la necesidad de manifestarse.Las motivaciones que llevan a la ciudadanía a organizarse desde abajo son diversas, pero todas comparten una expectativa común: buscar soluciones frente a un entorno que no mejora. Es ahí donde la ciencia política aporta un concepto relevante: la autocratización gradual. Ese fenómeno describe cómo un sistema democrático empieza a comportarse con rasgos autoritarios sin declararlo abiertamente. Por ello, hoy resulta inquietante observar que Morena pasó de representar demandas sociales legítimas a reaccionar con intolerancia frente a quienes ejercen su derecho a protestar.La evidencia es clara. La disidencia que denuncia realidades dolorosas se descalifica sistemáticamente desde la “Mañanera” y va en contra de todo el despliegue comunicacional que sale de la estructura. Las manifestaciones públicas son tratadas como amenazas y, cuando resulta conveniente, son respondidas con operativos de seguridad o con mecanismos institucionales diseñados para inhibirlas. Lo que antes era un ejercicio ciudadano para presionar a gobiernos insensibles hoy es visto como una afrenta contra un proyecto político que presume representar a “todo el pueblo”.Me gusta pensar que la tendencia autoritaria que se estudia en los populismos no corresponde al caso mexicano de hoy y sólo se trata de un periodo de intolerancia a las expresiones de disenso o mitigación en lo que las políticas públicas hacen efecto, pero considero que el autoritarismo es un problema tan grave como los antes mencionados.Se trata de procesos lentos, graduales, difíciles de identificar cuando se viven en tiempo real. Por lo general, sólo se comprenden mirando hacia el pasado. Sin embargo, hoy es necesario percibir con seriedad la forma en la que Morena responde a la acción colectiva. La intolerancia a la protesta no es simple nerviosismo político: es un indicador que coloca a México en una ruta que ya recorrieron otras democracias antes de deteriorarse irreversiblemente.El modo en que el oficialismo reacciona ante la crítica ciudadana revela mucho sobre el estado de salud de nuestra democracia. Y hoy, cualquiera que observe con honestidad puede concluir que Morena, como partido, ha optado por excluir y estigmatizar todo aquello que no lo enaltece.@DelToroIsmael_
