La discusión sobre el acceso de niños y adolescentes a redes sociales ya no es un asunto tecnológico; es un debate profundamente social y político. Si el Estado no regula con inteligencia y firmeza el entorno digital, no está ampliando libertades: está privatizando la formación, la atención y, en buena medida, el destino de nuestras niñas, niños y adolescentes.El filósofo y jurista italiano Stefano Rodotà advertía que en esta era tecnológica “los derechos no desaparecen, pero sí cambian de campo de batalla”. Hoy ese campo de batalla es el algoritmo con el que funciona el mundo digital. Y si el Estado no interviene con reglas claras, ese espacio lo ocupan corporaciones cuyo interés principal no es el desarrollo integral de la infancia, sino la maximización del tiempo de pantalla y la monetización de datos.El sociólogo Manuel Castells explicó que vivimos en una “sociedad red”, donde el poder circula a través de flujos de información. Cuando nuestros menores ingresan a redes sin acompañamiento ni límites, quedan insertos en estructuras de poder que ellos no comprenden. No se trata solo de entretenimiento; se trata de exposición a dinámicas de consumo, manipulación emocional, polarización y, en casos extremos, violencia simbólica o real.Diversos estudios académicos han vinculado el uso intensivo y no regulado de redes sociales con problemas de salud mental en adolescentes. Por ejemplo, se ha documentado el aumento de síntomas depresivos y ansiedad en jóvenes correlacionado con la expansión del uso de smartphones y plataformas digitales. No es una relación lineal ni simplista, pero sí una alerta seria.En México, donde la brecha educativa y la desigualdad social siguen siendo profundas, el acceso total a redes sin políticas públicas de acompañamiento agrava las disparidades. Quien tiene capital cultural y supervisión familiar puede amortiguar riesgos; quien no dispone de esa red de protección queda expuesto a todo. El resultado es una forma silenciosa de exclusión.Dejar que el algoritmo eduque es renunciar a la rectoría del Estado en uno de los ámbitos más sensibles: la formación de ciudadanía.Algunos argumentan que cualquier regulación es censura. Esa es una falsa dicotomía. Las democracias modernas han regulado siempre los espacios donde interactúan menores: la publicidad dirigida, los horarios de programación televisiva, la venta de alcohol o tabaco. Regular no es prohibir, es proteger derechos.No poner orden en el ecosistema digital equivale a aceptar que la infancia sea un mercado. Significa permitir que la atención, ese recurso finito y fundamental para el aprendizaje, sea capturada por mecanismos diseñados para generar dependencia. Significa, en última instancia, desentendernos de la construcción de ciudadanía en el siglo XXI.Necesitamos una política integral que combine alfabetización digital, corresponsabilidad familiar, exigencias claras a las plataformas y una legislación que priorice el interés superior de la niñez, como lo mandata nuestra Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito.La infancia no puede ser territorio libre para la explotación de datos, la manipulación emocional o la radicalización silenciosa. No poner orden es privatizar la formación de nuestras juventudes, entregar su atención, su identidad y su criterio a intereses que no rinden cuentas ante nadie. La pregunta es simple y brutal: ¿quién está formando hoy a nuestros hijos, la comunidad democrática o el algoritmo? Si la respuesta nos incomoda, entonces es momento de actuar.
