Tras el arresto de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, surge una pregunta que nadie hace: ¿dónde estaba la Fiscalía de Jalisco?El reclamo al Gobierno federal por actuar tarde también involucra a la Fiscalía de Jalisco por su inacción.Un año de denuncias de extorsión, saqueo, amenazas, cobros indebidos y excesos del alcalde. Publicaciones en medios y redes sociales.Sin embargo, la dependencia estatal jamás actuó contra Rivera, hoy preso con tres miembros de su gabinete. Pruebas había.El 18 de diciembre, un par de semanas después del escándalo de José Cuervo, Salvador González de los Santos, fiscal estatal, informó de dos denuncias contra el alcalde de Tequila.Una por extorsión, presentada por José Cuervo; y otra por amenazas de muerte, violencia política y acoso, interpuestas por un par de regidoras y una activista.Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, declaró el mismo día que sabía de al menos cinco denuncias contra el alcalde y remarcó que algunas “no son nuevas”.En ese mismo contexto, el gobernador Pablo Lemus aseguró que tenían 10 “quejas” de igual número de tequileras por extorsión. La responsabilidad política de lo ocurrido en Tequila es en primera instancia de Morena, partido que postuló a Rivera. El mismo que respaldó su permanencia y todavía en diciembre lo defendió ante acusaciones de extorsión.Sin embargo, la responsabilidad política de que haya robado y acosado impunemente a la población poco más de un año, también es de la fiscalía estatal, una instancia que depende en la práctica del Ejecutivo estatal.No existía impedimento legal. Desde 2016, el Congreso de Jalisco eliminó el fuero constitucional para alcaldes.¿Cuántas denuncias contra presidentes municipales acumulan polvo en algún cajón de la fiscalía estatal?¿Cuántas alcaldías están en manos, parcial o totalmente, del crimen organizado sin que actúe la Fiscalía local?Por testimonios de pobladores y políticos, mismos que plasmé en mi columna “La frontera que rebasó el crimen en Tequila”, el municipio era una olla de presión.Hoy queda al descubierto la ineficacia de la justicia local y la lentitud de la justicia federal.La caída de Diego Rivera no debe ser motivo de medallas para la Federación o el Estado sino de un examen de conciencia urgente.Los pobladores no olvidan y aún tienen miedo. Cada día durante el último año se levantaron a trabajar y estudiar e intentaron subsistir. Vivieron en carne propia la Ley de Herodes. La Federación y el Gobierno local son responsables de que no ocurra otra vez. Porque la inacción, queda claro, también es una forma silenciosa de la complicidad.
