La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, mediante una operación militar emprendida por los Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la política internacional de América Latina. La acción, ordenada y supervisada directamente por el presidente Donald Trump sin autorización previa del Congreso estadounidense, ha sido presentada como una reafirmación explícita de la primacía de Estados Unidos en el hemisferio y como el inicio de una ofensiva directa contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.El cambio es profundo por varias razones. En primer lugar, porque supone el uso abierto de la fuerza al margen de los mecanismos multilaterales que durante décadas estructuraron el orden regional. Instituciones como la ONU o la OEA aparecen, una vez más, relegadas a un papel secundario frente a decisiones unilaterales que redefinen la correlación de poder. En segundo término, porque la operación envía un mensaje inequívoco a otros países donde el crimen organizado mantiene estructuras relevantes, entre ellos Colombia y, de manera particularmente sensible, México.Las consecuencias no se limitan al plano político. La caída del régimen venezolano rompe el principal soporte energético del Gobierno cubano, que durante años dependió del suministro de combustibles provenientes de Caracas. Un eventual corte definitivo en ese flujo podría detonar una crisis energética aún más severa en la isla, con efectos sociales y políticos de gran alcance.La intervención estadounidense introduce, además, una modalidad distinta de ejercicio del poder. Donald Trump afirmó que su gobierno asumiría la conducción de Venezuela para garantizar una transición ordenada, evocando una versión reforzada y punitiva de la Doctrina Monroe. Los detalles fueron deliberadamente imprecisos: se habló de un “grupo” encargado de supervisar el proceso, sin definir su naturaleza ni alcances, y se dejó abierta la posibilidad de una presencia militar directa, al señalar que la opción de “botas sobre el terreno” no estaba descartada.Para México, este episodio implica un cambio sustantivo en la forma de concebir la cooperación en materia de seguridad, defensa y economía. El entorno regional se vuelve más incierto y más expuesto a decisiones unilaterales cuando entran en juego temas como el combate al narcotráfico o la protección de intereses estadounidenses. Las reglas dejan de ser plenamente previsibles y se subordinan, cada vez más, a criterios de oportunidad estratégica.En lo que respecta a los cárteles, el mensaje es especialmente delicado. La operación en Venezuela sugiere que Washington está dispuesto a emplear instrumentos extraordinarios cuando considera que el crimen organizado transnacional afecta directamente su seguridad nacional. En ese contexto, el eventual desmantelamiento de las organizaciones criminales en México solo puede traducirse en un resultado positivo si se gestiona de manera conjunta, estratégica y ordenada. La experiencia demuestra que las acciones fragmentadas o unilaterales generan vacíos de poder que suelen derivar en mayor violencia y fragmentación criminal. Una estrategia eficaz exige coordinación bilateral clara, fortalecimiento del Estado mexicano en los territorios, inteligencia compartida y un enfoque integral que combine seguridad, legalidad y desarrollo, evitando soluciones improvisadas que comprometan la soberanía y la estabilidad interna.Aún es temprano para dimensionar el alcance de los procesos judiciales iniciados contra Maduro y su entorno. Sin embargo, es razonable anticipar que, conforme avancen, surgirán testimonios e información que permitirán conocer con mayor detalle las redes internacionales que sostuvieron al régimen venezolano. De ese proceso podrían desprenderse responsabilidades que alcancen a otros países de la región, con consecuencias políticas y judiciales relevantes.La captura de Maduro y la ruptura del orden internacional que ello representa ponen a prueba a la diplomacia latinoamericana. Este escenario exige definiciones claras para fortalecer la autodeterminación de los Estados y defender el multilateralismo como una vía legítima de gestión de conflictos en un entorno crecientemente confrontativo. Conviene subrayar, no obstante, que esta confrontación tiene un carácter eminentemente geopolítico: se inscribe en la disputa estratégica de Estados Unidos con China, Rusia, Irán y Corea del Norte, más que en una ofensiva directa contra América Latina.Estos movimientos vienen acompañados de una sacudida ideológica que cuestiona a las fuerzas de izquierda en la región, las cuales, para sostenerse, deberán actuar sobre la base de democracias reales y efectivas, respeto al Estado de derecho y legitimidad institucional.En este contexto, los intereses de México no admiten ambigüedades. El país debe reafirmar su capacidad para tomar decisiones políticas y económicas de manera responsable, soberana y estratégica, sin caer ni en la subordinación automática ni en la negación de una realidad regional que ha cambiado con rapidez y dureza. México está obligado a actuar con patriotismo y pragmatismo al mismo tiempo: patriotismo para defender su soberanía, su institucionalidad y el control de su territorio; pragmatismo para entender que la seguridad, el combate al crimen organizado y la estabilidad económica ya no se negocian en abstracto, sino bajo presiones reales y decisiones unilaterales de alto impacto. En este nuevo tablero regional, la inacción y la indefinición también pueden tener costos estratégicos.
