Luego de las dos balaceras registradas en la metrópoli contra hombres identificados como empresarios -que dejaron cinco muertos y 10 lesionados-, el silencio de las cúpulas empresariales, consejos ciudadanos y universidades volvió a evidenciar no sólo la normalización de la violencia, sino también el debilitamiento de quienes deberían incidir y exigir una coordinación efectiva entre autoridades.Uno de los episodios más graves ocurrió en los límites de las colonias Santa Eduviges y Residencial Victoria, en Zapopan. Una balacera se prolongó 17 minutos, durante los cuales 30 hombres armados atacaron las camionetas de Alberto Prieto y sus escoltas. Autoridades municipales y estatales tardaron en arribar a la zona y, hasta ahora, no hay detenidos.Tras los hechos, el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón, justificó la actuación al señalar que se priorizó evitar un enfrentamiento que elevara los riesgos. Con ello, surgieron cuestionamientos sobre la estrategia de reacción.Con ese contexto, se solicitó la postura del Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco, cuyas facultades incluyen fungir como órgano de análisis, opinión y consulta, así como emitir propuestas y recomendaciones en materia de prevención, investigación y persecución del delito. No hubo respuesta del organismo encabezado por Rodrigo Lazo Corvera.Los mismos cuestionamientos se hicieron al Consejo de Cámaras Industriales, a la Coparmex y a la Cámara de Comercio. No existió un posicionamiento. El silencio se replicó en la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos del Estado, la Universidad de Guadalajara, el Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible y la Sección 47 del SNTE.La falta de una estrategia de seguridad con objetivos claros y comunicados genera incertidumbre y erosiona la confianza ciudadana, advirtió Augusto Chacón, director del observatorio Jalisco Cómo Vamos. Evitar enfrentamientos armados, dijo, no es suficiente si no existen acciones visibles que contengan la violencia.Frente a este vacío, recomendó, los liderazgos sociales deben involucrarse activamente y exigir coordinación, mejorar los protocolos y las alertas en tiempo real ante las balaceras, con metas claras y resultados verificables.A nivel nacional, el referente es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que detonó marchas contra la violencia, impulsó indicadores públicos y vigilancia civil y consolidó el Ranking de las ciudades más violentas.Para Lucía Almaraz, catedrática de la Univa, la inseguridad ya no es sólo un problema de cifras, sino un fenómeno estructural que se manifiesta en enfrentamientos armados. Dijo que no existen protocolos claros ni una reacción articulada de los actores con capacidad de incidencia social. Consideró preocupante la ausencia de posicionamientos públicos de líderes sociales.Preguntas que se hicieron a los liderazgos sociales y que no contestaron:1.- ¿Cuál es su opinión de la estrategia de reacción y atención ante eventos de alto impacto, como las balaceras? 2.- ¿Qué opina la postura de la autoridad, cuando contesta que estos hechos no se atienden en tiempo real para no exponer a los policías y a la población?3.- ¿De qué forma puede fortalecerse la estrategia o qué se necesita? Con un presupuesto acumulado cercano a los 24 millones de pesos en los últimos seis años, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco permanece, en los hechos, relegado al papel, sin incidencia visible frente a los eventos de violencia de alto impacto que han marcado a la entidad.El Consejo cuenta con un Programa de Denuncia Anónima Ciudadana desde 1998. No obstante, fue hasta 2015, durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, cuando se planteó formalmente que este organismo analizara la problemática de seguridad en el Estado, propusiera políticas públicas y promoviera la creación de consejos similares en los municipios para coadyuvar al combate a la delincuencia.En 2017, el Consejo fue instalado de manera formal con la participación de 21 representantes de cúpulas empresariales y cámaras como Coparmex y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), además de dependencias estatales, representantes ciudadanos y especialistas universitarios.Al tratarse inicialmente de un ente honorífico, no contaba con recursos propios. Fue hasta la administración 2018-2024 cuando se impulsó nuevamente su conformación, en marzo de 2020, con la asignación de presupuesto y reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en el marco de la creación de las coordinaciones generales estratégicas. A partir de 2021 comenzó a recibir recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos: un millón 733 mil 281 pesos ese año, con un incremento gradual que alcanzó cinco millones 197 mil 683 pesos en 2023.Para 2026, el Consejo tiene asignados cinco millones 282 mil 591 pesos, aunque no existe claridad sobre su ejecución. Si bien cuenta con un portal institucional con un apartado de “Transparencia”, éste no permite conocer de manera detallada los gastos en rubros como nómina o servicios. La información más cercana proviene del documento Plan Institucional Consejo Ciudadano de Seguridad, con datos de 2024.Según ese documento, el Consejo -presidido por Rodrigo Lazo Corvera- opera con 10 personas, de las cuales 90% percibe un salario mensual superior a los 20 mil pesos, sin que se especifique el monto exacto. Los cargos incluyen secretaría ejecutiva, coordinación jurídica, planeación y evaluación, programas y proyectos, así como personal administrativo y técnico.En contraste con la promesa de conformar un órgano integrado por especialistas en seguridad, el plan institucional revela que sólo dos integrantes cuentan con posgrado; seis tienen licenciatura; uno presenta estudios profesionales truncos y uno más únicamente bachillerato. Los currículos muestran trayectorias dispares: mientras algunos tuvieron experiencia en la Fiscalía o en áreas de seguridad pública, otros provienen de sectores como ventas, banca comercial o relaciones públicas.Del presupuesto ejercido en 2024, 77.5% (4.1 millones de pesos) se destinó a salarios; 4.7% a materiales y suministros; 8% a servicios generales, y 0.5% a bienes muebles, sin mayor desglose público.Aunque entre sus facultades se establece la emisión de opiniones y propuestas en prevención, investigación y persecución del delito -con énfasis en ciberdelitos-, no existe hasta ahora un instrumento público que refleje propuestas concretas o incidencia real en políticas de seguridad. Su actividad visible se limita a análisis temáticos, promoción de la denuncia anónima, publicaciones conmemorativas y asistencia a cursos y eventos.Paradójicamente, el propio Consejo reconoce en su plan institucional que su impacto es limitado por la falta de personal, ausencia de autonomía presupuestal, carencias tecnológicas y un parque vehicular obsoleto, de más de 15 años. Así, pese a los recursos asignados, el Consejo Ciudadano de Seguridad sigue sin consolidarse como el contrapeso ciudadano que Jalisco demanda frente a la violencia. Voz del experto Augusto chacón, coordinador de Jalisco Cómo VamosAugusto Chacón, coordinador de Jalisco Cómo Vamos, consideró que la ausencia de una estrategia clara y comunicada en materia de seguridad pública genera incertidumbre y debilita la confianza ciudadana, particularmente cuando los hechos de violencia ocurren a plena luz del día y en espacios públicos.“Al final, una estrategia es un conjunto de planes con acciones específicas para lograr un objetivo o una serie de objetivos. Si la estrategia es no exponer a los policías para no exponer las circunstancias a una dosis mayor de violencia, ese es el objetivo. ¿Y los otros? El objetivo de inhibir las acciones de los criminales, el objetivo de decirle a las ciudadanas y a los ciudadanos estén seguros, nosotros estamos aquí para contener la violencia, creo que no alcanza para una estrategia”, comentó.Chacón señaló que, incluso si se asume como válida la decisión de evitar intercambios armados directos entre autoridades y criminales, esa postura debe ir acompañada de acciones visibles y coordinadas que contengan el riesgo, delimiten las zonas de peligro y envíen un mensaje claro de control del territorio y aplicación de la ley. “Yo me atrevería a decir, bueno, está bien, puede ser loable no entrar en un intercambio de balas entre autoridades y criminales, pero y contener la zona, rodearla, mientras está ocurriendo esto, estar atento el C5, ¿para qué? Para justamente aprender y para, insisto, ese mensaje de aquí el que la hace, la paga y lo vamos a contener”, señaló.Por último, el coordinador advirtió que la falta de una respuesta contundente y explicada desde las autoridades puede normalizar escenarios de violencia abierta en el espacio público y enviar un mensaje equivocado a la sociedad sobre el control del orden y la legalidad.“Qué significa para la sociedad recibir un mensaje contundente de que aquí cualquiera, como en el viejo oeste, sale a la calle del pueblo y se tira de balazos para arreglar sus diferencias. Creo que dista mucho de ser una estrategia”, cuestionó. El asesinato de Alberto “El Prieto” Valencia, que dejó tres personas muertas y cuatro heridas tras una balacera que, según testigos, se prolongó cerca de 20 minutos, volvió a exhibir las deficiencias en los protocolos de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El hecho evidenció no solo la limitada reacción policial, sino también la falta de seguimiento en tiempo real del sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco.Este no ha sido un caso aislado. A inicios de 2026, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y el coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, reconocieron que, ante balaceras, se prioriza evitar enfrentamientos directos para no poner en riesgo a civiles y policías, bajo el argumento de que los grupos criminales cuentan con mayor capacidad de fuego.Un antecedente ocurrió en febrero de 2021 en un restaurante de Puerta de Hierro, en Zapopan, donde hombres armados atacaron a comensales, entre ellos un policía en día franco. El saldo fue de tres heridos y un atacante muerto, sin detenidos, pese a que los agresores huyeron por avenidas principales.Otro hecho se registró en octubre de 2022 en un restaurante de la colonia Providencia, donde fue asesinado Salvador Llamas, funcionario de Puerto Vallarta, junto con dos escoltas. Videos mostraron a una patrulla retirándose del lugar. No hubo detenidos. Ese mismo mes, una balacera en una plaza de Puerta de Hierro derivó en la muerte de un escolta y seis heridos. En este caso, la intervención inmediata de la Sedena permitió la detención de dos agresores.A estos se suman los homicidios de Carlos Manuel Flores Amezcua, subdirector de la Policía de Zapopan (noviembre de 2023), y de Jaime Navarro Hernández, funcionario de la Fiscalía estatal (octubre de 2024), ambos en espacios públicos con cámaras del C5, sin detenciones inmediatas.En conjunto, estos siete hechos dejaron al menos 10 muertos y 17 heridos; solo en uno hubo detenciones en tiempo real, gracias a fuerzas federales. Fuente: Presupuestos de Egresos de Jalisco. El Consejo Ciudadano en el papelLas facultades y objetivos específicos del Consejo Ciudadano de Seguridad, detallados principalmente en el Artículo 220 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, son los siguientes: Objetivos y Funciones de ConsultaFacultades de Propuesta y EstrategiaFacultades de Supervisión y DenunciaCoordinación y Vinculación CT
