La detección de Francisco Ayón, expresidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) es una cortina de humo revela una encuesta realizada entre los lectores de este medio de comunicación.De acuerdo con los resultados de la encuesta digital, el 80 por ciento considera que es una cortina de humo, el 15 por ciento considera que con la detección sí se combate a la corrupción, en tanto que al 6 por ciento no le interesa el tema.El también exsecretario de Educación permanecerá en prisión preventiva mientras se retoma su audiencia en la que se determinará su vinculación a proceso por su presunta relación con desfalcos en perjuicio del erario público constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia para determinar su vinculación a proceso está programada para el próximo martes 2 de agosto.Se informó que la Fiscalía Anticorrupción solicitó como medida cautelar prisión preventiva justificada por el término de la dilación constitucional, medida que fue concedida por el juez. Al también ex secretario de Educación se le imputa el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.El fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, confirmó hace unas semanas que es la primera de las carpetas que forman parte de una investigación muy amplia contra el ex funcionario, la cual sería por anomalías por más de 250 millones de pesos.La ascusación al ex funcionario deriva, dijo, de una investigación complementaria de una primera carpeta judicializada sobre irregularidades en la compra de fondos de la empresa española Abengoa, caso por el cual hay ocho personas vinculadas a proceso. Lo anterior contempla un proceso por desfalco de 344 millones de pesos, durante el ejercicio 2015, del fondo de trabajadores del Estado.El combate a la corrupción en el país ha fracasado por defectos en la implementación de principios, la simulación en el cumplimiento de normas y la falta de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); afirma el “Informe sobre el combate a la corrupción en México, 2020”.“El mayor volumen de procedimientos de responsabilidades administrativas es iniciado por faltas no graves. En la plataforma digital nacional se advierte que 2020 se abrieron 32 mil 406 pero sólo se sancionó a 30 servidores públicos. De las dos mil 831 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de corrupción sólo se judicializaron nueve”, expuso Annel Vázquez Anderson, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.“El mayor volumen de procedimientos de responsabilidades administrativas es iniciado por faltas no graves”, agregó.FS
