El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, dio a conocer este lunes que ya concluyó la investigación inicial relacionada con el caso del Rancho Izaguirre, el predio ubicado en el municipio de Teuchitlán utilizado por el crimen organizado como campo de reclutamiento y adiestramiento, denunciado por el colectivo de búsqueda de personas Guerreros Buscadores de Jalisco a inicios de marzo pasado.El expediente, afirmó Gerardo de la Cruz Tovar, involucra presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de distintas áreas y ahora se encuentra a la espera de ser llevado ante un juez, luego de que la institución hubiera considerado que existen elementos suficientes para formular imputaciones contra 12 personas, aunque el avance del proceso depende en este momento de la agenda del Poder Judicial."Nosotros concluimos una investigación inicial, consideramos que tenemos elementos para ir en contra de 12 personas y judicializaremos la carpeta. Esta carpeta está en instancia judicial, está ante el juez en espera de audiencia. Tuvimos una fecha de audiencia que se derivó por temas de seguridad y no hemos tenido otra. Pero como ese tenemos 160, tal vez más carpetas de investigación en espera de audiencia", refirió de la Cruz Tovar.El fiscal detalló que esta situación no es exclusiva del caso Rancho Izaguirre, pues la Fiscalía Anticorrupción mantiene decenas de expedientes ya integrados que aguardan fecha de audiencia inicial. Subrayó que, aunque respetan las cargas y tiempos internos del Poder Judicial, la institución ha cumplido con el envío de los casos concluidos."Hoy en carpetas en las escuelas nosotros concluimos ya la investigación inicial, consideramos que hay elementos para buscar una sanción y que ahorita está dependiendo también de que el Poder Judicial, desde luego, respetamos sus agendas, sabemos sus agendas, sabemos que tienen una gran carga de trabajo, pero ahorita están en instancia judicial. El Rancho Izaguirre está en instancia judicial", dijo.Respecto de los perfiles involucrados en el caso del Rancho Izaguirre, el fiscal enumeró a los servidores públicos señalados en la investigación: se trata de cuatro peritos, dos agentes del Ministerio Público, un director y cinco policías investigadores, quienes ya se encuentran judicializados dentro de la carpeta de investigación.Lo anterior fue dado a conocer como parte de los resultados de los trabajos emprendidos durante 2025 por la Fiscalía Anticorrupción, donde de la Cruz Tovar afirmó que la fiscalía ha logrado llevar casos relevantes tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial, así como en municipios de distintas regiones. Recordó que Jalisco fue el primer Estado del país donde se ejerció acción penal contra un juez bajo el sistema acusatorio."Afortunadamente hemos tocado los niveles que mencionas, porque hay cosas que se hacían de una manera muy natural, pero que ahora cada vez vemos que son las menos. Logramos en el Poder Judicial el primer Estado donde se ejerció acción penal en contra de un juez fue Jalisco y lo hicimos nosotros. Tenemos jueces vinculados, un magistrado vinculado y un juez evadido", afirmó.En el ámbito municipal, explicó que varios casos han derivado en la imputación de expresidentes y servidores públicos, aunque también identificaron que en ocasiones las conductas irregulares provienen de la falta de capacitación y no de un ánimo doloso. Esa situación motivó a la fiscalía a generar programas de formación básica para funcionarios en distintas regiones del Estado.El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que, desde 2018 a la fecha, la institución ha logrado la judicialización de 559 carpetas de investigación, es decir, de expedientes en los cuales el Ministerio Público concluyó las investigaciones iniciales y las envió a un juez en espera de audiencia para poder presentar imputación en contra de las personas que considera responsables.Derivado de lo anterior y desde que fue puesto a andar en 2018, este órgano ha logrado que 415 servidores públicos hayan sido vinculados a proceso por diversos actos de corrupción.Entre los casos relevantes de 2025, mencionó la vinculación a proceso del secretario de un juzgado y la suspensión de un juez, que actualmente está prófugo, por alteración de actuaciones en perjuicio de una de las partes en un juicio por pensión alimentaria. Resaltó también la aprehensión de una exregidora de Puerto Vallarta por peculado, por contratar “aviadores” —a su yerno y a su sobrino—, quienes también fueron presentados ante el juez mediante orden de aprehensión.El Fiscal Especializado destacó la vinculación de un líder sindical de Pensiones del Estado, quien devolvió 350 mil pesos recibidos indebidamente y quien también estuvo en prisión preventiva. De igual forma, subrayó la vinculación de una exservidora pública de Tlaquepaque que fue inhabilitada 27 años para ejercer cargos públicos.Desde 2019, la Fiscalía ha recuperado más de 24 millones de pesos derivados de reparaciones del daño obtenidas en procesos penales, además de 5.6 millones de pesos adicionales de forma extrajudicial, señaló de la Cruz Tovar."En todo este tiempo me he dado cuenta que el problema muchas veces era falta de conocimiento; no porque hubiera un dolo específico, sino porque no sabían hacer su trabajo. Eso motivó que la fiscalía se prepara en llevar programas de capacitación a los municipios para que los servidores públicos sepan que es muy sencillo meterse en problemas", afirmó el Fiscal.En este sentido, señaló Gerardo de la Cruz Tovar, se han realizado ya más de 200 caravanas, visitando 101 municipios, en las que se ha asesorado a casi 3,800 personas y brindado información personalmente a 22 mil 800 ciudadanos; además, se han llevado a cabo 164 capacitaciones a más de 14 mil 160 ciudadanos y servidoras y servidores públicos.Por último, dijo, aunque el combate a la corrupción avanza, persisten desafíos legislativos para fortalecer los tipos penales y evitar la prescripción anticipada, lo que limita los procesos. "Tenemos penas muy bajas que permiten que los delitos prescriban pronto, y hay una mala redacción de muchos tipos penales. Hemos presentado proyectos que no han pasado", lamentó el Fiscal.NA
